La Ley de la Segunda Oportunidad para tus deudas, no es oro todo lo que reluce

La Ley de la Segunda Oportunidad beneficia especialmente a algunos sectores de la población. Quienes pueden aplicarla, según el texto original son aquellos/as que: "Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas".

"En materia de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional".

Lo que permite la Ley de la Segunda oportunidad

Qué deudas permite aliviar la Ley de la Segunda Oportunidad:

Lo primero que permite esta ley es que la economía en general se beneficie, ya que hace que personas y empresas puedan solventar casos graves de quiebra o insolvencia económica extrema.

Esto ayuda enormemente a pequeñas empresas  y personas autónomas para que puedan deshacerse de sus deudas.

También permite a empresas cancelar sus deudas y que se empiece de cero. Es decir, liberarse de cargas financieras que en muchos casos son imposibles de abordar.

Las deudas que no contempla la Ley de la Segunda Oportunidad

- En casos de multas impuestas al deudor en procesos penales y por sanciones administrativas muy graves.

- En casos de responsabilidad civil derivada de delito.

- En casos de alimentos, por ejemplo la deuda por el impago de una pensión de alimentos.

- En casos de responsabilidad civil extracontractual, relacionadas con muerte o daños personales o indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- En casos de créditos de Derecho público. Solo las deudas gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán exonerarse, siempre hasta un máximo de diez mil euros por deudor.

- En casos de salarios correspondientes a los últimos sesenta días de trabajo efectivo realizados antes de la declaración de concurso, en una cuantía que no supere el triple del salario mínimo interprofesional.

- En casos de costes y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud de exoneración.

- En casos de deudas con garantía real (en las que el prestatario pone como aval un bien).