Cinco jueces del Tribunal Supremo piden cárcel para Juan Carlos I
El rey emérito Juan Carlos vuelve al centro de la polémica por sus regularizaciones fiscales
Las regularizaciones fiscales del rey Juan Carlos reaparecen en los titulares. Lo que parecía un tema cerrado ha vuelto a la palestra. Cinco exmagistrados del Tribunal Supremo han presentado una querella que podría cambiarlo todo. Consideran que las autoliquidaciones del monarca emérito no cumplieron con la normativa vigente.
El rey Juan Carlos no declaró importantes ingresos obtenidos a través de la fundación Zagatka. Esta era presidida por su primo, Carlos d’Orleans. Cuando supo que estaba siendo investigado, decidió regularizar su situación fiscal. Realizó autoliquidaciones de los ejercicios entre 2014 y 2018. En total, pagó cinco millones de euros a Hacienda.
La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó el caso en su momento. Sin embargo, los nuevos querellantes sostienen que los delitos no han prescrito. Además, afirman que el monarca tenía conocimiento de las investigaciones en curso. Alegan que esto invalida la regularización como "espontánea", requisito imprescindible según la ley.
En 2020, comenzaron las diligencias contra el emérito. Fueron comunicadas a su abogado, aunque sin especificar los delitos investigados. Meses después, el rey realizó las autoliquidaciones. Para los querellantes, esto demuestra que actuó con la intención de evitar sanciones, no de corregir voluntariamente sus errores fiscales.
La ley española prohíbe regularizaciones fiscales si el contribuyente ya está bajo inspección. Según la querella, el abogado del rey tuvo acceso a información clave sobre las investigaciones. Además, los medios de comunicación informaron ampliamente sobre las pesquisas en curso.
Los exmagistrados acusan al rey emérito de cinco delitos contra la Hacienda pública
Estos podrían acarrear penas de prisión de dos a seis años y multas significativas. Alegan que la autoliquidación se hizo fuera de los márgenes legales y piden que el Tribunal Supremo tome cartas en el asunto.
El escrito también solicita interrogar a personas vinculadas con la fortuna del monarca. Entre ellas, gestores de sociedades y fundaciones que administraron su patrimonio. Además, propone que el rey declare desde Abu Dabi, donde reside desde 2020.
Esta querella llega en un momento delicado para el rey Juan Carlos. Su imagen pública ya estaba deteriorada por otros escándalos. Las revelaciones sobre su relación con Bárbara Rey y las conversaciones privadas que compartieron no ayudaron. Ahora, con esta nueva causa, su figura vuelve a estar en entredicho.
Si la causa prospera, el emérito podría seguir los pasos de su hija, la infanta Cristina, quien declaró en el caso Nóos. Por ahora, ha evitado las consecuencias legales de otras investigaciones. ¿Será esta la ocasión que lo lleve a responder ante la justicia? El tiempo lo dirá.
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