Carles Puigdemont mantiene su obsesión por ganar a través de la Justicia todo aquello que no ha conseguido con sus contactos 'internacionales', a través de la política, o a través del apoyo ciudadano al procés independentista.
Y es que que parece que el ex president de la Generalitat está aburrido de su poca relevancia política en Waterloo, deseando volver a toda costa a España; un objetivo ante el que, tras la decisión de 'paralizar' temporalmente la euroorden tomada por el Tribunal europeo, Puigdemont sólo tiene un escollo más que abatir: el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
Así pues, el magistrado fue muy contundente tras la decisión de la Justicia europea: el independentista podrá moverse libremente por Europa, mientras Bruselas resuelve la cuestión prejudicial presentada por Llarena... pero, si pisa suelo español, será detenido por sus presuntos delitos relacionados con el procés.
Determinación de Llarena que ha llevado a Puigdemont, a través de su abogado, Gonzalo Boye, a cargar de forma personal contra el juez, habiendo recusado al magistrado instructor de su caso, buscando apartarlo del procedimiento porque, según el escrito de Boye, ha perdido toda su imparcialidad.
Puigdemont sólo ha conseguido tiempo
En concreto, el escrito de la defensa de Puigdemont hace referencia al galardón recibido por Llarena de manos de la Fundación Villacisneros, asegurando los independentistas que se trata de una institución claramente en contra del independentismo y relacionada con Vox.
Una parcialidad política de la que acusan a Llarena tras recibir uno de los premios "nacionalistas" españoles ofrecidos por la Fundación, exigiendo que se aparte a Llarena del caso Puigdemont, siendo esta posibilidad una de las pocas vías judiciales que aún le quedan por recorrer al ex president.
Acusaciones que retrasan la 'hoja de ruta' del magistrado del Supremo quien, ahora, tendrá que esperar un plazo de diez días a que tanto la Fiscalía como el partido político se posicionen sobre la imparcialidad de Llarena, así como a que se tome una decisión sobre si el magistrado debe dar un paso al lado, nombrándose en este caso a un magistrado instructor, de forma provisional, al frente del caso del procés.
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Un planteamiento que no gusta dentro del Tribunal Supremo, sosteniendo fuentes del tribunal ante el diario La Razón que esto no es más que una estrategia del catalán par ganar tiempo, y reunir así argumentos nuevos para cargar contra la Justicia española en Europa, tal y como sucede con la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.
Tiempo que, sin embargo, no permitirá a Puigdemont regresar a España, ya que, a pesar de la recusación que pesa sobre Llarena, que alargará los tiempos de diálogo entre el magistrado y el Tribunal de la UE, la orden de detención contra el catalán si pisa suelo español sigue vigente.