Uno de los compromisos de Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa fue el de exhumar el cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos, lugar donde reposa el general desde su fallecimiento hace 43 años.
Sin embargo, desde que este propósito fue anunciado en julio de 2018 por el presidente, y reiterado después por la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo, el asunto ha sufrido múltiples trabas, desde la negativa de la familia Franco a la exhumación del cuerpo, hasta la reticencia por parte de la Iglesia que regenta el Valle de los Caídos.
Justicia a contrarreloj: deben decidir antes del 10 de junio
La decisión de Pedro Sánchez es firme: exhumará el cuerpo del dictador el 10 de junio de este año 2019, trasladando los restos al cementerio de Mingorrubio de El Pardo, donde descansa la esposa del dictador, Carmen Polo. (Franco entra en campaña y el 10 de junio será trasladado a El Pardo (si el Supremo no dice lo contrario))
Esto deja al Tribunal Supremo poco margen de maniobra, dado que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha querido tomar una decisión definitiva sobre el asunto hasta tener toda la información relativa del caso, incluyendo los expedientes completos de los acuerdos del Consejo de Ministros.
Se presume que esta documentación estará disponible en breve para el Tribunal, que comenzará a deliberar, aproximadamente, el 4 de junio. De esta deliberación dependerá si se paraliza, de forma cautelar, la medida tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez, teniendo como margen para tomar esta decisión el citado día 10.
Sin embargo, la decisión definitiva sobre esta cuestión podría retrasarse hasta el próximo año, dado que la familia Franco ha planteado que el Supremo debería consultar al Tribunal Constitucional el caso, pudiendo ser tramitado como una cuestión de inconstitucionalidad.
Ya existe jurisprudencia
Un caso semejante ha ocurrido en Pamplona, donde el Ayuntamiento procedió a la exhumación del general José Sanjurjo, cumpliendo así con el mandato de la Ley de Memoria Histórica. Posteriormente, un juzgado dio la razón a la familia del exgolpista, y revocó la decisión municipal, pese a haberse realizado ya el traslado al Panteón del Regimiento de Regulares de Melilla. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó el primer mandato.