El Gobierno valenciano ha dedicido implantar, a partir del curso que viene, La Ley de Plurilingüismo, en las aulas de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
La medida educativa, aprobada hace dos años por Compromís, PSPV y Podemos, contempla que al menos un 25% de las asignaturas se impartan en valenciano y castellano.
Así pues, se igualaría a la enseñanza del ingés, que se encuentra entre el 15 y el 25% del contenido educativo.
Las familias de los menores se han concentrado para renegar de esta Ley, que contradice a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencà, que estipula que los alumnos pueden excederse de estudiar valenciano.
Marcha multitudinaria en Orihuela
Cerca de 147.000 personas se han reunido contra esta medida del Gobierno de Ximo Puig en Orihuela, portando pancartas donde se podía leer "Peligro, dictadura lingüística" o "La lengua ni se prohíbe ni se impone".
"Nos preguntamos cómo pueden hacer una ley que no tiene ni la herramienta principal que es el profesorado. Tenemos una falta de personal del 94% en inglés y del setenta en valenciano" explica a ABC Sonia Terrero, secretaria general de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), organizadora de la manifestación.
También se han unido a la protesta los partidos de la oposición PP, Ciudadanos y Vox, que han criticado fuertemente la actuación del Consell. (La 'opacidad' de Podemos continúa: ¿Cuándo piensa Iglesias actualizar el portal de transparencia de su partido?)
Los centros educativos también han mostrado su preocupación por la medida, ya que se desconoce las consecuencias para los estudiantes que se preparan para la PAU, así como las consecuencias negativas que pueda tener en la adaptación de los inmigrantes.
Piden los docentes que se establezca un consenso político en materia de educación, evitando así vaivenes en el modelo a seguir según el Gobierno.