Los últimos acontecimientos sucedidos en el Parlament de Cataluña, que preside Roger Torrent, pueden derivar en responsabilidades penales.
El partido Vox ha ampliado la querella que presentó el pasado 9 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, para quien pide cárcel, por su visto bueno al debate de este martes sobre la inhabilitación de los políticos en prisión preventiva que ordenó el Tribunal Supremo.
La querella inicial iba dirigida en concreto contra Torrent y los miembros de la Mesa del Parlament Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Alba Vergés por delitos de prevaricación y desobediencia en los que según Vox, habrían incurrido al admitir la modificación de la Ley de Presidencia de la Generalitat y el Govern que aprobó el pleno el pasado 4 de mayo y permitía investir a distancia a Carles Puigdemont.
Ahora, Vox solicita la detención, puesta a disposición judicial y prisión preventiva sin fianza de estas cuatro personas así como que se prohíba cualquier acto, pleno, sesión o reunión "encaminada a que se continúen incumpliendo las resoluciones de los tribunales".
Reiteración delictiva golpista
La formación entiende que ese es el objetivo del punto incluido en el orden del día para la sesión plenaria de este 2 de octubre, que contempla debatir en el Parlament sobre la disposición del Tribunal Supremo que suspende automáticamente el ejercicio de cargo público como diputado a los políticos soberanistas en prisión provisional.
"Esto es la clara demostración que el separatismo catalán está en la reiteración delictiva golpista, y Vox seguirá denunciándolo cuantas veces sea necesario", señala al respecto el vicesecretario jurídico del partido, Pedro Fernández.
El objetivo es que los partidos catalanes que han optado por maniobrar fuera de la ley sean reconducidos hacia el marco constitucional.