¡¡Váyase, señor Marlaska!! Los dos pecados del ministro "delincuente"

  • Política
  • 03-06-2020 | 23:06
  • Escribe: Celeste De Sebastián

"Si se le cesa porque se negó a informar la resolución sería arbitraria e ilegal y se podría haber incurrido en un delito de prevaricación"


La decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por el informe sobre el 8-M sigue dando que hablar.

Según la Dirección General de la Guardia Civil, el cese se debe a que Diego Pérez de los Cobos no informó al ministerio de Interior de las pesquisas relacionadas con la manifestación del 8 de Marzo a pesar de tener la orden de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de mantener una absoluta reserva. (¡¡Marlaska mintió!! Ya sabemos por qué el Gobierno ha liquidado al coronel Pérez de los Cobos)


Ahora, la polémica decisión de Marlaska puede traerle consecuencias graves ya que podría incurrir en un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación administrativa, que le llevarían a ser (en caso de confirmarse) el ministro 'delincuente'. Además, esta situación se agrava  porque Marlaska es juez de carrera y profesión y debería tener más claro que nadie la separación de poderes que hay en España.

Según expertos en Derecho Penal que han hablado con La Razón, hay motivos más que suficientes para investigar a Marlaska por los dos delitos citados anteriormente. 


El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no es el único 'implicado'. Los citados expertos han explicado que las miradas también se centran en la directora de la Guardia Civil, María Gámez Gámez y  en el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez.

El penalista Luis Romero ha explicado a La Razón que, si el cese se debió a que Pérez de los Cobos no informó de la investigación al ministerio del Interior, podrían ser condenados a una inhabilitación de entre 9 y 15 años.



Esto constituiría un acto "no sólo arbitrario sino ilegal, de manera que la Directora General y el Ministro del Interior podrían haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa", ha dicho Luis Romero.

Asimismo, Romero ha señalado que esta solicitud de información que rechazó el coronel podría constituir también un delito agravado contra la Administración de Justicia consistente en la obstrucción a la Justicia, “en la medida en que, bajo intimidación o amenaza de ser despedido, las autoridades del Ministerio intentar influir, directa o indirectamente, en un testigo clave en el esclarecimiento del asunto que vincula la celebración de la manifestación feminista del 8-M y el contagio -con multitud de muertes posteriores- por el Covid-19". Un delito con sanciones que van desde uno hasta cuatro años de prisión. (¡¡Investigado por prevaricación!! El último nombramiento de Marlaska en la Guardia Civil está bajo sospecha)

"Si se le cesa porque se negó a cometer un acto ilegal, ya que De los Cobos no podía en ningún caso pedir que le informaran los agentes que llevaban esa investigación, la resolución que acuerda ese cese es manifiestamente injusta, y, por tanto ilegal", ha comentado un ex miembro de la Carrera Judicial que ha preferido mantenerse en el anonimato.

El ex magistrado tiene claro que la acción penal se tendría que dirigir hacia quien firmó la resolución, que en este caso fue el secretario de Estado de Seguridad por lo que serían los juzgados de Plaza de Castilla los encargados del caso. El ministro del Interior solo tendría responsabilidad si tuvo un papel determinante.

Una destitución "ilegal"

El secretario de la Plataforma por la Independencia Judicial y magistrado en Madrid, Jesús Villegas, ha coincidido con los expertos en que se trata de un despido "ilegal". "La destitución un agente de la Policía Judicial, en las condiciones en las que se ha producido la del coronel Pérez de los Cobos es ilegal".

"En el orden administrativo, el acto es inválido, por incurrir en desviación de poder, esto es, una finalidad antijurídica y, en el orden penal, no es descartable que constituya una inducción a la revelación de secreto", ha indicado a La Razón.

El penalista Juan Gonzalo Ospina ha comentado que si Marlaska o la directora general de la Guardia Civil hubieran solicitado información expresa de la investigación policial "podrían haber incurrido en un delito que castiga al funcionario público que se arrogase atribuciones de las que careciere o impidiere su legítimo ejercicio a quien las ostenta". ("No ha entendido absolutamente nada". La Guardia Civil está que trina con Marlaska)

Jesús Andújar, que también es penalista", apunta a la posibilidad de que se haya podido incurrir en un delito de prevaricación como mínimo por el que debería ser investigada la directora general de la Guardia Civil.

En el lado contrario están el fiscal de la Audiencia Ignacio Gordillo y el profesor de Derecho Penal de la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona Arturo González de León.

Gordillo ha calificado el suceso de "gravísimo" pero ha dejado claro que no hay responsabilidades penales en lo sucedido. Sin embargo, ve razones para recurrir en vía contenciosa el cese de De los Cobos ya que "las causas no respetan las leyes". González de León ha señalado que el delito de violación de secretos por parte de funcionarios públicos, “se hace casi imposible considerar a ningún miembro del Gobierno como inductor, por haber instigado -presuntamente- a dicho cargo a informar sobre investigaciones judiciales abiertas respecto a las manifestaciones del 8-M. Si el motivo del cese es por no informar, queda claro que el Coronel Pérez de los Cobos no inició la ejecución del delito, y por tanto no cabría castigar a los inductores".

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