Una de las principales premisas del independentismo catalán es la de proteger la lengua catalana como la lengua vehicular en toda la autonomía, intentando hacer que el castellano sea una lengua residual y apenas utilizada.
Así pues, los nacionalistas aseguran en su propaganda, y a quien quiera oírlos, que defender el uso de la lengua catalana por encima del castellano es defender la Historia de Cataluña frente a la opresión española, exigiendo incluso al Gobierno de España a proteger el catalán como 'moneda de cambio' para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Una obsesión que ha llevado a las principales instituciones públicas de Cataluña a imponer el catalán en las escuelas, así como en los comercios y en las vías públicas, señalando a aquellos que prefieran utilizar el castellano, más de un 50% de la población catalana.
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Algo que se ha podido comprobar recientemente en las universidades públicas catalanas, donde no sólo se insta a los profesores a dar su contenido únicamente en catalán sino donde también, este año, se han creado organismos para que profesorado y alumnos 'denuncien' a aquellos profesores que ofrezcan sus clases en castellano, demostrando así la persecución del Govern y todas sus instituciones hacia la lengua oficial del Estado.
Persecución que ahora también sufren los ciudadanos catalanes... en sus bolsillos, tal y como ha denunciado un usuario anónimo de Twitter.
Mismo producto, dos precios distintos
"En Abacus, el mismo producto es más caro en castellano que en catalán. ¿Qué justifica que cueste 15 céntimos más? ¿Que por precio la gente prefiera comprarlo en catalán? Curiosa forma de promocionar un idioma" señala el usuario en la red social.
En su mensaje, comparte una fotografía en la que se observa dos precios distintos para el mismo producto... en el mismo local: uno para el producto en castellano, y otro para el producto en catalán.
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Así pues, el talonario de recibos en catalán cuesta 85 céntimos de euro, mientras el talonario en castellano llega al euro. Una pequeña diferencia para la cartera del consumidor, pero una clara apuesta del independentismo por sancionar, ahora a nivel económico, a aquellos que defiendan el uso de ambas lenguas en la autonomía catalana.
Una nueva demostración de que, a pesar de las palabras pronunciadas por los principales líderes del independentismo, el movimiento nacionalista catalán no hace gala de ser democrático, sino de oprimir a sus propios ciudadanos, imponiendo la única Ley de obedecer los deseos del Ejecutivo autonómico, en manos de los independentistas.