¡¡Una perra es citada como testigo en un juicio por maltrato animal!!

  • Mascotas
  • 09-05-2019 | 08:05
  • Escribe: Pablo Ruiz

Una jueza de Tenerife cita a una perra como testigo en un juicio por maltrato animal


La magistrada Sandra Barrera, del Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, ha citado a una perra como testigo en el juicio por haber sido maltratada, un caso "inédito" en la justicia española, han señalado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Esta decisión se ampara en el artículo 337 del Código Penal, que reconoce que un animal es un ser vivo, por lo que cabía su citación para comprobar su evolución tras el episodio de maltrato sufrido, de ahí que se le realizara una exploración forense, con apoyo de la Fiscalía y el propio presidente de la Audiencia Provincial.

Desde el TSJC destacan la "sensibilidad especial" con los animales tanto de la magistrada como de la fiscal, Francisca Sánchez, quien aludió a que como la perra -de nombre Milagros y raza pitbull- "no tiene voz", era necesaria su presencia en la sala, también de modo simbólico para sensibilizar sobre el maltrato animal.

"Habitual no es, es la primera vez que se permite".

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de octubre de 2012 cuando el acusado -que declaró por videoconferencia desde Sevilla porque está en prisión preventiva por otro delito-, presuntamente inducido por su pareja, tiró a su perra a la basura metida en una maleta al creer que estaba muerta tras haber sido agredida por otros perros de su propiedad.

Durante su intervención en el juicio ,celebrado este martes, el perito forense aseguró que no cabía la posibilidad de darla por muerta, y varios testigos comentaron que escucharon aullidos y vieron cómo el acusado llevaba la maleta con un perro que se movía con dificultad.

Su actual dueña la definió como una perra cariñosa y sumisa, y la fiscal pide nueve meses de prisión y dos años de inhabilitación para trabajar con animales para el acusado, por un presunto delito de maltrato animal, mientras que la acusación particular eleva las penas a un año de cárcel y tres de inhabilitación.
 

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