Robar es un delito, contemplado y penado en el Códido Penal español. Pero robar a los niños enfermos de cáncer, no solamente supone un delito, sino un acto despreciable y rastrero digno de la mayor de las condenas.
Un crimen que han cometido tres miembros de la cúpula directiva de la fundación CIBI, una ONG con sede en L'Hospitalet de Llobregat, supuestamente dedicada a recaudar fondos para los niños con cáncer.
Y es que los tres, ya detenidos, están acusados de un delito de estafa, y de haberse apropiado un millón de euros provenientes de las donaciones de ciudadanos anónimos a la asociación.
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La investigación sobre la ONG comenzaba en 2017, cuando varias fundaciones, alertadas por las acciones de la ONG, informaban a los Mossos d'Esquadra que algo no parecía cuadrar en los números, y en las acciones benéficas, de CIBI.
Efectivamente, tal y como pudieron comprobar los agentes que llevaron a cabo la investigación, entre 2017 y 2020, estos estafadadores apenas destinaron 4.000 euros a los niños enfermos, del casi millón de euros recaudados en total durante esos años.
Detenidos los tres principales acusados, todos de la misma familia
La cuenta de redes sociales de la fundación, ahora desactivada, aseguraba que la ONG trabajaba asíduamente con los hospitales de Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu, a la vez que desarrollaba diferentes proyectos solidarios de mercado justo, investigación y lucha contra la exclusión social.
Sin embargo, la realidad era muy distinta: y es que los Mossos han podido comprobar, a través de sendos registros en la sede de la ONG y en los domicilios, que la cúpula de CIBI destinaba todo el dinero recaudado... a vivir por todo lo alto y rodeados de comodidades, pagados con la solidaridad de los donativos anónimos a los niños enfermos.
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Los Mossos, finalmente, detenían a la actual presidenta de la entidad, a la secretaria y a uno de los vocales, todos de la misma familia.
Tras pasar a disposición judicial, la magistrada les ha dejado en libertad con fianza, con la prohibición de salir de España, y bloqueando las cuentas corrientes de los investigados, así como decretando medidas cautelares sobre el patrimonio de la fundación.