El independentismo catalán, a través de la Generalitat de Cataluña, busca hacerse con el control absoluto de los aspectos más relevantes de la sociedad catalana; así pues, hostigan al profesorado, así como al alumnado, para priorizar el uso del catalán sobre el castellano en las aulas, así como en todo el entorno escolar.
Del mismo modo, el secesionismo catalán aboga por que el catalán tenga que estar presente en las vías públicas, carteles y comercios, señalando a aquellos que utilicen, de forma cotidiana, el castellano, así como aquellos comercios donde haya trabajadores que no sepan catalán.
Una obsesión por defender a la lengua catalana, y con ella el supremacismo fascista de todo lo catalán frente a lo castellano, que desde el Govern se busca introducir también dentro de los organismos judiciales catalanes, siendo éste el único departamento que, gracias a la división de poderes, aún es capaz de hacer frente al nacionalismo catalán, imponiendo sanciones y condenas a aquellos que violen la Ley y la Constitución, ya sean constitucionalistas o independentistas.
Una libertad del poder judicial con el que pretenden acabar desde la Generalitat, que ha encontrado la manera para llenar los tribunales catalanes de jueces "afines" al movimiento independentista, buscando así la 'impunidad' judicial para seguir delinquiendo, sin tener repercusión alguna.
Un millón de euros en ayudas para implantar el franquismo lingüístico en Cataluña
Así pues, la consellería de Justicia de la Generalitat ha propuesto, dentro de los Presupuestos de la autonomía catalana para 2022, la creación de becas para estudiantes a oposiciones a juez en Cataluña; en concreto, destinar 600.000 euros, gestionados a través del Centre d'Estudis Jurídics i de Formació, dependiente de la Consellería, para dar apoyo financiero a 50 estudiantes con "arraigo" en Cataluña.
"No solo agilizaremos el funcionamiento, también de paso fomentaremos el uso del catalán, por tratarse de personas con arraigo en Cataluña" ha defendido la consellera, asegurando que, actualmente, hay grandes complicaciones para cubrir las vacantes debido a que la "movilidad" de los jueces "afecta a la calidad de la justicia".
El PP carga contra el "hostigamiento" a los jueces
Sin embargo, las explicaciones de la consellera de Justicia no han sido suficientes para convencer a los partiidos de la oposición, siendo entendidas estas becas como un nuevo intento de las formaciones independentistas de poder 'infiltrarse' en el poder judicial.
Algo que ha sido denunciado por la diputada popular Lorena Roldán, que ha asegurado que el problema real que provoca la 'fuga' de jueces en Cataluña no es la falta de arraigo de estos profesionales, sino "la campaña permanente de hostigamiento" que hay hacia ellos por parte de los radicales independentistas, que convierten a los jueces en objetivos principales en cada manifestación.
"Hemos visto campañas orquestadas por los separatistas radicales de tirar basura en la puerta de los juzgados" ha recordado la popular, en relación a las acciones de los CDR en 2019, en protesta por el juicio del procés.
Acciones que no han sido criticadas ni rechazadas desde el Govern, siendo el punto de inflexión que, según Roldán, hace que muchos jueces decidan abandonar la autonomía catalana: "Ahi no quiere trabajar nadie, hay un éxodo judicial donde aquí las plazas no se cubren porque están ustedes con estas campañas" ha criticado.