El TSJC se ha puesto duro ante la deriva supremacista de la Generalitat, que ignora a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en su plan de vacunación. Y ya hay ultimátum: tienen diez días para que los agentes de ambos cuerpos estén vacunados en la misma proporción que los Mossos d´Esquadra.
Ha sido necesario que interviniera la Justicia, una vez más, para poner orden en Cataluña. El supremacista y xenófobo Govern catalán (si es que a los restos del naugragio se les puede llamar Govern) mantenía una postura inhumana, inmoral e inadmisible llevando adelante un plan de vacunación con los Mossos d´Esquadra, como sector esencial, mientras dejaba de lado a Guardia Civil y Policía Nacional.
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado 10 días al Govern catalán para que ponga al día en las vacunas a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional de forma que estén vacunados en "la misma proporción" que los Mossos d´Esquadra, acabando así con la consideración de policías de primera y de segunda dentro de territorio catalán.
Los porcentajes de la vergüenza
La justicia ha tenido que intervenir tras las reclamaciones de los sindicatos Jupol y Jucill. Y reclama a la Conselleria de Salud un informe del cumplimiento de esta medida dos días después de acabado el plazo de los diez días.
En el auto puede leerse que "no parece razonable que a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con destino en Cataluña".
Los agentes de entre 60 y 65 años ya han sido vacunados, por su edad, pero no por su empleo. Y destaca que el 24 de marzo, se había vacunado al 77% de los mossos, al 68,9% de agentes de policías locales y al 77,9% de efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona; frente al 3,6% de policías nacionales y al 2,8% de guardias civiles en Cataluña.
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Y prosigue: "no son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad que están en activo puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población"
Los magistrados aprecian "una apariencia de discriminación en perjuicio de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil", en base a los porcentajes de vacunación de los diferentes cuerpos policiales.
Por su parte, la Unión de Oficiales ha presentado otra querella contra el responsable dentro de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña que paralizó la vacunación de policías y guardias civiles pot entender que las autoridades sanitarias han podido incurrir en los delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores, de odio y contra las garantías constitucionales.
El Govern se queja por la "interferencia" del TSJC
Alba Vergés, la consellera de Salud de la Generalitat en funciones, ha lamentado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "interfiera" en la estrategia estatal de vacunación del Covid-19 con la obligación de reanudar la administración de dosis a policías nacionales y guardias civiles.
"Una vez más los tribunales interfieren en la gestión de la pandemia", ha criticado Vergés, que ha argumentado que la estrategia de vacunación es estatal y que ahora está focalizada en la administración de dosis por edades.
Y ha justificado el parón en el proceso de vacunación de policías nacionales y guardias civiles en el retraso que se ha producido con la administración de la vacuna de AstraZeneca a los colectivos esenciales. Se paró tras la suspensión cautelar de dicha vacuna y, cuando se retomó, pasó a ser a mayores de 60 años.
"No lo hemos decidido sólo nosotros, qué se paraba y de qué manera se paraba", ha insistido la consellera, que considera que esta excepción con los policías nacionales y guardias civiles no es adecuada.