El Gobierno de Baleares que preside Francina Armengol (PSOE), ha asombrado a todos al ofrecerse para acoger refugiados afganos tras la irrupción de los talibanes en el poder, concretamente "niñas y mujeres" que quieran escapar del país.
Un caso de lo más curioso teniendo en cuenta la postura que adoptaron los partidos de dicho Gobierno cuando se opusieron a investigar los casos de abusos a menores tuteladas que se dieron en la región.
Un panfleto subvencionado por Ximo Puig da lustre al imperialismo catalán con la isla de Tabarca
Cuando todavía está coleando aquel caso, Armengol ha pedido acoger a niñas y mujeres procedentes de Afganistán y el Consell ha aprobado una propuesta de resolución para que Moncloa proponga una reunión del Consejo Europeo y acordar la activación del Mecanismo de Solidaridad. Podemos Palma ha ido más allá reclamando que Mallorca sea declarada "ciudad de acogida para dar refugio y asilo político a las mujeres y niñas afganas".
Tras toda esta retahíla de demostraciones falsas de buen 'samaritanismo', no han sido pocos los que les han recordado el caso de las menores prostituidas en Baleares sin que el Gobierno moviera un solo dedo.
El caso de las menores tuteladas de Armengol
Cabe recordar que 16 niñas fueron explotadas sexualmente a pesar de estar a cargo del Gobierno balear y que ni PSOE ni Podemos movieron un solo dedo para esclarecer los detalles de aquel suceso.
Por el mero hecho de no tener que responder ante su responsabilidad política, los partidos en el Gobierno de Baleares decidieron mirar para otro lado y olvidarse de lo sucedido. Pero el resto del mundo no se ha olvidado y por eso ahora su interés en acoger a refugiadas de Afganistán cuanto menos llama la atención.
Tampoco el Gobierno central quiso saber nada de todo aquello: "Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen asumidas estatutariamente las competencias en materia de protección de menores y, por lo tanto, les corresponde disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha protección". Una postura que adoptó a su vez Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno.