La Generalitat reafirma su veto al castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas, tal como lo ha ratificado el consejero de Educación de la Generalitat Josep Bargalló, en una respuesta parlamentaria a Ciudadanos, según informa El Mundo.
"Desde el Departament d'Educació no se ha dictado ninguna resolución administrativa ni ningún acto administrativo que establezca medidas para incluir el español como lengua vehicular en una proporción razonable que permita una presencia mínima de un 25% de las horas lectivas correspondiente a materias no lingüísticas", ha explicitado Bargalló.
Además, ha confirmado que para este gobierno la ampliación del castellano en las aulas implicaría avanzar en detrimento del sistema de inmersión lingüística.
Sin embargo, tal como detalla un informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, sólo el 7,8% de los centros ofrece otra asignatura en castellano además de Lengua Castellana y Literatura. (Un 98% de los colegios catalanes incumplen las leyes lingüísticas vetando el castellano)
De esta manera, ninguno de los 2.214 colegios catalanes analizados respeta el sistema de conjunción lingüística, que establece que el 25% de las asignaturas deberían impartirse en castellano, según las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En cuanto a estas sentencias, el consejero de Educación ha aclarado que "las sentencias e interlocutorias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por el Tribunal Supremo establecen medidas referidas a solicitudes particulares que no afectan al resto del sistema educativo". (El informe que destapa el adoctrinamiento catalán en las aulas)
Así, no consideran que las resoluciones deben aplicarse para el conjunto de los centros educativos, sino solo aquellos que hayan obtenido una sentencia por parte del TSJC para ello.
La intervención tuvo lugar después de que la diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra, haya solicitado a Bargalló información sobre el cumplimiento del sistema de conjunción lingüística, teniendo en cuenta la resolución del Tribunal Supremo en relación con la "fijación del 25% de las asignaturas no lingüísticas en castellano a todos los alumnos y no en régimen de atención individualizada". La diputada consideró que existe una "intencionada omisión de la Generalitat de fijar la proporción razonable de la enseñanza sostenida con fondos públicos en castellano".