Prosigue la caza de brujas de Torra y su Govern persiguiendo a las empresas que no utilizan el idioma catalán en lo que cada vez parece más una limpieza étnica del tejido empresarial en Cataluña.
El último caso lo ha sufrido la inmobiliaria Barcelona Business Society, a la que la Generalitat ha impuesto una multa de 1.600 euros por no haber atendido en catalán una consulta telefónica sobre una de las viviendas que comercializa.
Ha sido la cantautora Montse Castellà quien denunció a la Plataforma per la Llengua que se había sentido insultada y vejada cuando se interesó por un piso anunciado en la web de la empresa. (¡¡No puede ser más ruin!! Las represalias de Torra contra las empresas que huyen de Cataluña)
La denunciante atribuye a una supuesta catalanofobia la reacción de la persona que cogió el teléfono, con acento italiano, que según su versión, le habría dicho: "me cago en ti mala puta y en tu idioma catalán".
La empresa ha negado que se produjeran insultos y no le ha quedado más remedio que aceptar la multa que le ha impuesto a dirección general de Comercio de la Generalitat, que exige que la atención al público de las empresas se produzca en catalán. (Las empresas siguen huyendo de Cataluña y su separatismo)
Luego se extrañan de que las empresas se vayan de Cataluña
Todo ello llega después de que el Tribunal Constitucional haya sentenciado que las multas a empresas por razones lingüísticas son inconstitucionales. Pero la Generalitat hace oídos sordos a lo que pueda ordenar el Tribunal Constitucional, que ha tenido que atender en los últimos meses a multitud de denuncias de empresas que no rotulan en catalán o que no atienden en catalán.
Y las sanciones van cayendo a las empresas perseguidas sin que nadie sea capaz de frenar este disparate que, por otro lado, justifica la decisión de miles de empresas de abandonar Cataluña en busca de otros territorios en los que no sea necesario sufrir el impacto de talantes dictatoriales.
En 2017 se impusieron 67 sanciones por este motivo y se recaudaron 75.700 euros, según informa Libertad Digital. En 208 fueron 79 expedientes que dejaron 50.800 euros. En la mayoría de los casos se trata de bares y restaurantes que carecen de menú en catalán. (20 de las empresas del Top 100 abandonaron Cataluña tras el 1-O)
Es un caso muy claro de la persecución a la que está siendo sometido el idioma castellano, idioma oficial de todos los españoles, en Cataluña. De eso se encarga la Plataforma per la Llengua, que organiza boicots contra productos etiquetados en castellano y puntúa a los comercios en función del uso del catalán que se hace en ellos.
Josep Bou, candidato a la alcaldía de Barcelona por el Partido Popular, que es propietario de una cadena de panaderías, ha denunciado que ha sido multado dos veces por la Generalitat por incluir palabras en castellano en sus carteles de ofertas, a pesar de que sus tiendas están rotuladas en catalán.