Los gobiernos están, entre otras cosas, para que se cumplan las leyes que protegen a los ciudadanos más débiles y vulnerables, pero el Govern de la Generalitat de Quim Torra parece empecinado en hacer la vida imposible a los discapacitados.
UGT ha denunciado en un informe que las empresas catalanas prefieran acceder a medidas alternativas antes que a la contratación de personas con discapacidad.
El informe de UGT 'Las personas con discapacidad y el mercado de trabajo en Cataluña' esclarece que si todas las empresas y establecimientos de Cataluña cumplieran la cuota del 2% de trabajadores con discapacidad, un total de 28.644 discapacitados más tendrían trabajo en la citada comunidad autónoma española.
28.644 puestos de trabajo más para personas con discapacidad que significan un 42,8% más de los hay en la actualidad.
La Ley general de derechos de las personas con discapacidad (LISMI) no se cumple en Cataluña
UGT también ha denunciado que muchos de los Centros Especiales de Trabajo (CET) han perdido su carácter social y su finalidad última de favorecer la transición hacia el mercado laboral ordinario, y se han convertido en centros en los que se abusa, explota y denigra a los trabajadores con discapacidad.
La Ley general de derechos de las personas con discapacidad (LISMI) establece que las empresas con 50 trabajadores o más deben respetar una cuota del 2% de personas trabajadoras con discapacidad igual o superior al 33%.
Sin embargo, a pesar del marco legal vigente, hay diferentes medidas de exención de la obligación de contratar personas con discapacidad, medidas que el Govern de Quim Torra tolera y acepta.
Los datos recogidos por UGT en el informe evidencian la preferencia de las empresas a acogerse a estas medidas alternativas antes que a la contratación.