Menos de una semana queda para el aniversario del 1 de octubre, una de las fechas más señaladas para el independentismo catalán después del movimiento golpista del 2017.
Una fecha que este año promete ser aún más complicada, ya no sólo por las implicaciones del coronavirus en la comunidad autónoma, si no porque se espera que, alrededor de ese día, se haga pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra.
La confirmación de su condena por desobediencia al TSJC, que conllevaría su inmediata inhabilitación en el cargo catalán, podría incendiar aún más los ánimos de los radicales independentistas, que ya avisaron hace meses estar preparados para volver a actuar después de la pandemia del Covid-19.
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Una amenaza de los radicales que ha sido secundada y apoyada por el aún president, que publicaba este sábado un boletín oficial con las nuevas medidas y restricciones ante los rebrotes, y que eximía el 'derecho a la manifestación' de estas restricciones.
Un guiño de la Generalitat al independentismo, que ya prepara volver a tomar las calles catalanas con banderas independentistas, actos multitudinarios y, como otros años, actos vandálicos de 'protesta', como la quema de contenedores, agresiones y destrucción del material urbano.
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La Policía Nacional también se prepara para el asalto
Ante las posibles revueltas por la inhabilitación de Torra, y el aniversario del Procés, la Policía Nacional ya ha comenzado a preparar a sus efectivos en Cataluña.
Así pues, la CNP ha enviado cuatro grupos de Unidades de Intervención Policial (UIP) a Cataluña este pasado jueves; en total, cerca de 200 efectivos antidisturbios que han sido destinados estas semanas a la comunidad autónoma para intentar contener a los radicales independentistas.
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Estos nuevos agentes se unirán a los dos grupos de antidisturbios fijos que se encuentran en la zona, con base en Barcelona, teniendo la posibilidad de desplegar hasta 350 agentes en los próximos días.
En concreto, la Policía Nacional se centrará en proteger los edificios institucionales, principales objetivos de los radicales, como es la Jefatura Superior de Policía, la Sede de Hacienda o el Banco de España.