El exconsejero catalán de Empresa Santi Vila ha explicado hoy durante su declaración como acusado en el juicio por el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo que durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 "dos millones y medio de catalanes se quedaron en casa", lamentando así que el Govern de Carles Puigdemont no fuera el "gobierno de todos".
Durante su interrogatorio, Vila ha explicado a preguntas del fiscal Fidel Cadena la labor de mediación que él mismo ejerció después de la consulta y ha admitido que en la noche del 25 de octubre se fue a dormir "con una sensación de paz interior" al creer que el gobierno catalán no tomaría ninguna decisión de forma unilateral. Sin embargo, "el clima de desconfianza y la tensión exterior era tan fuerte que todo se torció".
"Fue una movilización y no un referéndum"
Vila es el primer acusado en declarar en la sesión de este jueves --la sexta jornada del juicio-- y el noveno de los 12 líderes independentistas sentados en el banquillo. Ha destacado que tanto él como sus compañeros en el gobierno de Carles Puigdemont no desacataron las ordenes del Tribunal Constitucional (TC), ya que todas las iniciativas adoptadas para la celebración de una consulta independentista "decayeron".
No obstante, ha apuntado que aunque recibió seis advertencias del tribunal de garantías, entendió que no tenía que darse por aludido en todas ellas, ya que consideraba que algunas iban destinadas directamente al Parlament de Cataluña. (La Fiscalía pone en su sitio a los que promovieron el referéndum ilegal)
Aún así, el exconsejero de Empresa, que dimitió el día anterior a que se proclamase la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), ha afirmado que en el momento en que el TC suspendió la ley del referéndum, aprobada en la cámara parlamentaria catalana el 6 de septiembre, la consulta "muta a una gran movilización política y nunca lo reconocí como referéndum".
"Se intentó tensar la cuerda con el referéndum..."
Al inicio de su declaración, Vila ha recordado que la legislatura comenzó con una "presión muy fuerte por parte de la ciudadanía" y de algunos partidos políticos para que el Govern tomase decisiones "unilaterales". Al igual que han hecho otros de los acusados en su declaraciones previas, ha señalado que la idea de hacer una votación apareció en el verano de 2016, cuando el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se enfrentó a una cuestión de confianza y para evitar una nueva convocatoria de elecciones, anunció el referéndum. (PSOE y Podemos votan en contra de castigar con cárcel los referéndums ilegales. ¡Incomprensible!)
"Por sorpresa para todo el mundo" dijo que "el gobierno iba a trabajar" para conseguir que esta votación, con el lema "referéndum o referéndum". En ese contexto, se intentó "tensar la cuerda, pero que no se rompiera y encauzar un movimiento ciudadano pacífico, cívico, reiterado y persistente", ha añadido.
El 1-O lo financiaron mecenas
Por otro lado, ha enfatizado que está seguro de que no se gastó un euro público para el referéndum, al menos desde la consejería que dirigía, y opina que la financiación del 1-O pudo venir de "mecenazgos, empresarios, mecenas catalanes y catalanistas", tal y como ha venido sugiriendo desde la primera vez que fue a declarar a la Audiencia Nacional.
"Ya me lo preguntó la juez Lamela. Si han sido tan sobrios, ¿qué ha pasado aquí? Sólo respondo especulativamente, por mi impresión y por mi bagaje político catalán esto se financió por mecenazgo, con empresarios mecenas catalanes y catalanistas. Insisto en que estoy especulando", ha explicado.
Además, Vila ha asegurado que ha "procurado no ser más ingenuo de lo imprescindible" y por eso preguntó al expresident Carles Puigdemont, quien, según su versión, le llegó a decir que estuviera "tranquilo" porque no se iba a gastar "ni un euro del erario público".