En 2018, la Generalitat de Cataluña puso en marcha la Oficina para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos.
Dependiente del vicepresidente Père Aragonès, y siendo dirigida por Adam Majó, exconcejal de la CUP, el nuevo organismo se creaba con el objetivo de "defender los derechos civiles", y registrar todos los incidentes ocurridos en contra de la ciudadanía en el año.
TV3 informaba después de que esta Oficina había publicado un informe (inexistente) que denunciaba "una veintena de grupos organizados de ultraderecha que funcionan de forma coordinada en Cataluña, de forma paramilitar" que habrían ocasionado 328 incidentes. Según la Oficina pública, en el segundo semestre del pasado año sólo se detectaron 53 incidentes de "intolerancia política".
Los números no cuadran
Sin embargo, las asociaciones 'Impulso Ciudadano' y 'Movimiento contra la Intolerancia', independientes de la Generalitat política y económicamente, han publicado unas cifras muy dispares en su estudio "Informe sobre Violencia Política en Cataluña".
Y es que no fueron 53 los incidentes... sino 977 en el último semestre, relacionados con "violencia política y odio ideológico" (en el primer trimestre fueron 187). De estos 977, el 96% fueron provocados por los 'amigos' de la Generalitat, los radicales independentistas (92% en el primer semestre).
El 95% de las agresiones contra partidos fueron llevadas a cabo por los secesionistas, principalmente contra los partidos 'constitucionalistas', en un 78%.
El informe también remarca que el 65% de los ataques políticos fueron dirigidos contra víctimas indeterminadas, como es el caso del corte de la Meridiana, mientras que el 29% fueron víctimas que públicamente se habían opuesto al secesionismo. (Con la desescalada vuelve el gamberrismo del separatismo catalán)
No olvida el documento que "algunos hechos denotan una extraordinaria deshumanización en relación con las personas afectadas, como la profanación de tumbas de 7 soldados y guardias civiles en el cementerio de Sant Andreu".