Bajo el pretexto de las fiestas de la Mercè 2021, una de las fiestas mayores de Barcelona, miles de personas se han congregado en las calles de la Ciudad Condal para celebrar varios macrobotellones, y llevar a cabo cientos de actos vandálicos durante las noches y las madrugadas del viernes y el sábado.
Una 'celebración' que ha provocado que las calles barcelonesas vuelvan a convertirse en el escenario de la brutalidad y la violencia a la que ya están acostumbrados los ciudadanos catalanes, que han vuelto a ver arder el mobiliario urbano, así como a contabilizar numerosos destrozos en comercios e instalaciones públicas.
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Brutalidad ante la que la Guardia Urbana poco ha podido hacer, criticando la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) , a través de un comunicado, la falta de agentes en turno de noche que se ha experimentado estos dos últimos días, denunciando que la "policía no interviene porque sigue criterios político, y no criterios policiales".
"Terrorismo urbano" incontrolable y violento, en el que han participado más de 35.000 personas, del que responsabilizan directamente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de la que han exigido su inmediata dimisión.
Colau se lava las manos
Así pues, el CSIF ha considerado que la Fiscalía de Barcelona debería investigar "la dejadez de funciones por parte del gobierno municipal y de la jefe de la Guardia Urbana" en estos disturbios, en los que se han contabilizado al menos, 11 apuñalamientos, agresiones sexuales, robos con intimidación, y más de cuarenta detenidos; además, cerca de 400 alborotadores han destrozado vehículos policiales y privados en un asalto violento a la comisaría de la Guardia Urbana, próxima a la avenida María Cristina.
Unas imágenes mucho más brutales y violentas que las que se han podido ver en la Comunidad de Madrid, en los alrededores de las universidades, durante este comienzo de curso, demostrando así que la autonomía catalana experimenta un incremento de violencia callejera muy superior al aceptado en otras comunidades autónomas españolas.
Un incremento de brutalidad que, sin embargo, cuenta con el silencio de la alcaldesa de la Ciudad Condal, que ha evitado movilizar a la policía municipal para frenar estos macrobotellones destructivos y quien, ante las críticas, ha decidido 'lavarse las manos', asegurando que es un problema de violencia que corresponde solucionar a la Generalitat, después de años de inmovilismo por parte de su administración municipal.
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"Lo que ha pasado aquí es inaceptable, y no tiene nada que ver con el incivismo, sino que ha habido aquí un problema de vandalismo, de órden público, y que no se debe repetir" declaraba la alcaldesa el sábado, pidiendo al Departamento de Interior que organizara el dispositivo de seguridad para la noche del sábado.
Una línea que ha repetido el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, que consideraba que este problema de orden público sobrepasaba las directrices que se podrían dar a la Guardia Urbana, señalando al Govern catalán como el responsable de la gestión de la violencia que, durante años, Ada Colau ha aplaudido y permitido desde su sillón de alcaldesa de la Ciudad Condal.