Con la que está cayendo en Europa con la pandemia del coronavirus, todavía quedan eurodiputados más pendientes de Junqueras y sus colegas de fechorías que de sacar a Europa del atolladero del virus.
El presidente de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Antonio Gutiérrez Limones, ha escrito una carta al presidente de esta institución después de que uno de sus miembros, el letón Boris Cilevics, hiciera un llamamiento a que los presos del 'procés' sean liberados y cumplan en sus casas el confinamiento en plena epidemia del Covid-19. (La cita de Oriol Junqueras con un relator le cuesta 4.000 euros a todos los españoles)
En su carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el socialista andaluz aclara que su carta no va contra Cilevics, sino contra sus manifestaciones en un momento en el que, a su juicio, todo el mundo debería "ser lo más pulcro posible con las manifestaciones públicas".
"Estos hombres y mujeres no son una amenaza para nadie"
"Obviamente", prosigue, "a nadie se le prohíbe manifestar lo que considere", pero cree que los representantes públicos deben ser "aún más responsables para evitar crear conflictos innecesarios por no tener toda la información" y que, además, desvíen del objetivo principal: "Derrotar al virus, salir fortalecidos de la crisis y mantener el Estado de Derecho, la democracia y la defensa de los derechos humanos".
Cilevics está elaborando un informe sobre si existen presos políticos en España y en Turquía --viajó a España a principios de año-- y la semana pasada hizo un llamamiento público, a través de los canales oficiales de la Asamblea del Consejo de Europa, para pedir que se permita a los presos del 'procés' dejar las cárceles, tal como ellos habían pedido.
"Después de conocer personalmente a los colegas catalanes durante mi misión a España en febrero, estoy plenamente convencido de que estos hombres y mujeres no son una amenaza para nadie", dijo en un comunicado. En opinión del letón, la mera detención de estas personas "causa preocupación, pero la crisis del Covid-19 debería impulsar definitivamente su liberación".
Sus palabras han motivado una reacción de los parlamentarios españoles. Para Gutiérrez Limones, Cilevics, como ponente de ese informe, "debería abstenerse de hacer cualquier manifestación sobre un tema que él mismo está trabajando y que aún no ha habido ocasión de debatir".
"Parecería que está adelantando conclusiones de un informe en fase de elaboración lo que, a la postre, podría deslegitimar el trabajo realizado", avisa la carta. Gutiérrez Limones ha enviado su carta al presidente de la Asamblea, el belga Rik Daems, con copia al propio Cilevics y también se la ha hecho llegar a todos los miembros de la delegación española en la Asamblea --formada mayoritariamente por PSOE y PP pero también con miembros de Vox, PNV y ERC--.
"España cumple escrupulosamente con los derechos humanos"
Para el senador español, las declaraciones de Cilevics "no se entienden" en el actual contexto, ya que "España cumple escrupulosamente con la Convención Europea de Derechos Humanos en todos los ámbitos y así se lo reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Cilevics es además, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea.
En su misiva, el senador dice suponer que a Cilevics le preocupan no solo estos presos, sino todos los reclusos, también otros colectivos como personas internadas, personas mayores en residencias y en definitiva, la población en general. (¡¡Los golpistas piden una moción de censura contra España en el Consejo de Derechos Humanos!!)
También le llama la atención que el parlamentario letón haga este llamamiento al Gobierno de España, cuando sabe, porque se le explicó en su reciente visita a España, que la política penitenciaria en relación con estos presos es competencia del Gobierno de Cataluña y que los casos los examinan las Juntas de Tratamiento.
Recuerda asimismo que en estos momentos las Juntas de Tratamiento Penitenciario están tomando sus decisiones en el marco de la declaración del estado de alarma y que el Tribunal Supremo les ha recordado que las decisiones "han de ser fundamentadas jurídicamente pues, de lo contrario, podrían incurrir en un delito de prevaricación".