La Fiscalía quiere ampliar a todos los condenados por el Supremo en el caso del Procés la retirada de los privilegios que han disfrutado hasta ahora. La intención es que cumplan su condena en la cárcel y no reciban permiso ni para salir a trabajar.
Y es que la Fiscalía de Barcelona ha recurrido este jueves la aplicación del tercer grado a los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, y pide la suspensión inmediata de la semilibertad que disfrutaban. (Los presos golpistas cambian de táctica y ya aceptan hablar de "indulto")
Los tres informes de la Fiscalía, consultados por Europa Press, se dirigen al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y piden revocar la semilibertad, de modo que vuelvan al segundo grado penitenciario.
El fiscal presentó la misma petición el martes para el líder de ERC, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exconseller Joaquím Forn; el líder de Òmnium, Jordi Cuixart; el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el exconseller Raül Romeva.
Una prerrogativa transferida a la Generalitat permitió a Torra sacar de la cárcel a los presos sin contar con que la Fiscalía no iba a mirar hacia otro lado y se aprestaría a rectificar lo que no es más que un atentado al cumplimiento obligado de las leyes en un estado de derecho.
La Fiscalía pide suspender el tercer grado de Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa
La Fiscalía de Barcelona ha recurrido este jueves la aplicación del tercer grado a los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, y pide al Juzgado la suspensión inmediata de la semilibertad. (ERC le impone sus condiciones a Sánchez: Sin amnistía para los presos no hay mesa de diálogo)
El fisdcal recalca que la condena debe ser "un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, de retribución por el acto cometido, causando en el autor una sensación de que su proceder tiene unas consecuencias perjudiciales", lo que considera que no ocurriría si se avala la semilibertad.
Asumir la sedición
Además, incide en que "los fines de reeducación y resocialización tampoco están cumplidos", porque más allá de estar integrados en la sociedad, la reinserción también se refiere a que una persona acepte respetar la ley vigente.
Para el fiscal, no se puede considerar que los presos del 1-O hayan aceptado vivir de acuerdo a la legalidad "en la medida en que no hay auténtica asunción delictiva" al no considerar que los hechos por los que fueron condenados suponen un delito de sedición. (Los presos se ríen de la justicia: No se arrepienten y ya trabajan fuera para volverlo a hacer)
La Fiscalía añade que, aunque los presos asuman la responsabilidad de sus actos y acepten las consecuencias, no implica que reconozcan el delito de sedición, puesto que siguen "considerando que fue una actuación legítima y ajustada a derecho, que formaba parte de una legislatura que se constituyó para implementar la independencia de Cataluña".