La Abogacía del Estado, el servicio jurídico del Gobierno, ha presentado un nuevo escrito en el que mencionan por primera vez el informe de la Guardia Civil aportado ante el Juzgado 51 de Madrid que investiga a José Manuel Franco por un presunto delito de prevaricación.
La abogada jefa del área penal, Rosa María Seoane, ha cargado contra el informe del Instituto Armado y ha señalado que acusan con "sesgo" y "mutilan" datos clave para apoyar su hipótesis, según El Confidencial. ("No ha entendido absolutamente nada". La Guardia Civil está que trina con Marlaska)
La Abogacía del Estado, que está defendiendo a José Manuel Franco, ha puesto el polémico informe de la Guardia Civil como ejemplo del perjuicio que se le está provocando a su representado.
"El informe tiene un claro sesgo acusatorio, que se ha conformado mientras estaba pendiente de tramitar y resolver el recurso de apelación" que la propia Abogacía del Estado ha interpuesto en la Audiencia Provincial.
"La Policía Judicial desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces", ha añadido la Abogacía del Estado en el nuevo escrito que han presentado (y ya van cinco).
Por otro lado, la titular del Juzgado, Carmen Rodríguez-Medel, ha aplazado la declaración de José Manuel Franco como imputado hasta el próximo día 10 de junio y se ha mostrado sorprendida por la petición de la Abogacía del Estado de retrasar su intervención.
Ahora, el servicio jurídico del Gobierno ha aclarado que no ha reclamado ningún aplazamiento sino la suspensión de la declaración hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie.
Asimismo, Rosa María Seoane ha cuestionado al experto encargado de recabar datos sobre las manifestaciones del 8-M y su relación con la expansión del coronavirus por todo el país. (¡¡Investigado por prevaricación!! El último nombramiento de Marlaska en la Guardia Civil está bajo sospecha)
El experto le dijo a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que lo "cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones, se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad". Sin embargo, Seoane ha defendido que el impacto de las marchas del 8-M fue "absolutamente residual".
Seoane, según los datos del Metro de Madrid, ha explicado que en febrero de 2020 viajaron en metro 60.409.710 viajeros, lo que supone 15.100.000 viajeros de media en una semana. Seoane ha señalado que la semana antes al 8-M, más de 15 millones de personas (una cifra muy superior a la que se manifestó en Madrid el 8-M) compartieron elementos comunes. "Es solo un ejemplo, pero podrían tomarse los de toda la actividad docente, las oficinas, los juzgados, los centros comerciales, eventos deportivos, culturales, políticos, etc. que en su conjunto conllevan la existencia de millones de contactos estrechos y que hacen absolutamente residual el impacto que hubiera —sin que haya ninguna certeza— podido tener cualquiera de las manifestaciones celebradas hasta el día 9 de marzo".
Es "inútil" que el médico amplie su informe
"¿En qué se fundamenta la afirmación del forense? Sencillamente en nada. Ni un solo dato, ni una sola referencia técnica. ¿Una investigación penal puede basarse en afirmaciones semejantes sin fundamento técnico alguno? En modo alguno, a juicio de esta defensa. Una investigación penal debe investigar hechos indiciariamente delictivos, no convertir en indiciariamente delictivos unos hechos para investigarlos", ha dicho la Abogacía del Estado.
Por último, dicho organismo jurídico ha cuestionado también la decisión de la jueza Medel de pedir al experto sanitario que amplie su informe sobre el 8-M. La Abogacía lo considera algo innecesario, impertinente e inútil para la investigación del delito de prevaricación. "Solo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares, pues a día de hoy, no hay personada en forma ninguna acusación ni Fiscalía ha manifestado que vaya a ejercerla. Nos encontramos con una instrucción sin acusación, impulsada solo por la instructora".