Tras la sentencia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, publicada cerca de las 10 de la mañana, el mundo estaba pendiente de la reacción de Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno.
Sin embargo, cinco horas más tarde, los socialistas no se habían pronunciado públicamente sobre ello, cosa que no gustaba en las filas independentistas.
Ha sido Marta Vilalta, portavoz y secretaria general adjunta de ERC, la que ha dado el 'empujoncito' al Gobierno de Sánchez:
"No está previsto que desde ERC nos volvamos a sentar con el PSOE hasta que no sepamos lo que piensa el PSOE sobre esta sentencia y qué valoraciones hace, qué dice, y qué hará la Abogacía del Estado", ha afirmado la portavoz republicana.
También Vilalta ha recriminado que será ahora cuando se verá "si el Estado español cumple las sentencias judiciales como siempre dice que cumple". ("¡¡Con Alemania no se habrían atrevido!!" Vox denuncia que la UE insulta a España)
Ahora parece que a los independentistas sí les interesa acatar las sentencias judiciales, ya que les son favorables para sus intereses golpistas.
Sánchez responde a los independentistas desde Moncloa
Media hora después de la amenaza de 'no-negociación' de los republicanos catalanes, el Ejecutivo ha publicado un comunicado, en el que afirma que "respeta y acata las resoluciones de los tribunales españoles, así como de los supranacionales, a cuya jurisdicción se somete en virtud de los tratados internacionales firmados por España".
"Es una cuestión jurisdiccional adoptada en el ámbito de la independencia de los tribunales" afirman en el comunicado los socialistas, tirando balones fuera, y firmando que es "el Tribunal Supremo el órgano que debe decidir ahora cómo dar cumplimiento a la resolución del tribunal europeo, a cuyo superior criterio está vinculado".
Así, lanza Sánchez un guiño a los independentistas, a la vez que vuelve a recordar que es necesario "abrir una etapa de diálogo".
"El Gobierno se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".