El Gobierno de España, a pesar de sus esfuerzos por asegurar ante los medios de comunicación, y por ende ante la ciudadanía española, que el país está tomando rumbo a una rápida recuperación económica, no deja de recibir cortapisas desde todos los actores económicos.
Asi pues, la semana pasada la Comisión Europea rebajaba las expectativas de crecimiento del Ejecutivo de Pedro Sánachez del 6,2% al 4,6% del PIB para este año, y del 6,3% al 5,5% para el 2022. Unas estimaciones muy semejantes a las ya consideradas por el FMI, el BBVA o el Banco de España, entre otros.
Una crisis económica que también está minando las esperanzas de todos los ciudadanos españoles, que no sólo comienzan a experimentar la subida del IPC, sino también las primeras facturas abusivas de la luz, asi como del diésel, a las que se sumará una subida generalizada de impuestos en 2022.
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Situación económica del país que ya hundió el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y que se teme, desde las filas socialistas, que pueda acabar expulsando a Pedro Sánchez de la Moncloa; algo que ha hecho que, después de dos años de legislatura a golpe de decretazo, el Ejecutivo socialcomunista se encuentre trabajando ya no en soluciones económicas para el país, sino en una serie de leyes ideológicas que puedan conseguir que el electorado vuelva a apostar por Sánchez en unas próximas elecciones generales.
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Así pues, la Ley de Memoria Histórica ya ha conseguido el objetivo de Pedro Sánchez en los últimos días, desviando el foco de atención de la economía nacional, para centrar la atención de la ciudadanía en uno de los temas que más divide al país: la Guerra Civil y las víctimas de aquellas décadas. En relación a esta nueva Ley, también se aprobará una nueva Ley de Secretos Oficiales, que permitirá a socialistas y podemitas desclasificar los archivos secretos de la dictadura, los GAL o el 23-F.
También la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha provocado una fuerte polémica dentro de la ciudadanía, remarcando el discurso de la "morzada" a la libertad de manifestación desde el PSOE y Podemos, siendo una decisión populista, que dañará gravemente la seguridad de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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Del mismo modo, la Ley de la Vivienda, o la reforma del Código Penal para castigar con penas de cárcel a los provida que se manifiesten en las clínicas abortivas son algunos de los proyectos del Gobierno que aseguran polémica en las calles, así como una fuerte pantalla de humo frente a la economía nacional.
Sin embargo, será el ministerio de Irene Montero el que otorgue la máxima opacidad a la cuestión económica, ya que la cartera de la podemita es la que cuenta con mayor número de polémicos proyectos legislativos a aprobar en los próximos meses: La ley sobre la Libertad Sexual (o la ley del 'solo sí es sí'), la ley sobre el colectivo LGTBI y trans , que ya ha dividido a las propias integrantes de los colectivos, o la reforma de la Ley del Aborto de 2015, que buscará acabar con la necesidad del permiso paterno en los casos de menores de 16 y 17 años.