La Abogacía del Estado sostiene que el "perjuicio económico" provocado con el referéndum independentista del 1-O ya está reparado
Pedro Sánchez está en deuda con los partidos separatistas catalanes, que le reclaman el indulto para los presos golpistas como pago a su apoyo en la investidura que le llevó a La Moncloa.
Y ha puesto en marcha el aparato jurídico que el controla mejor, la Abogacía del Estado, para urdir una estrategia que convierta en normal y razonable el perdón a los presos que atentaron contra la Constitución y la unidad de España.
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Lo que no quiere es que en plena lucha por la Comunidad de Madrid se mezcle el tema catalán con la campaña electoral, pero el proceso avanza sin prisas, pero también sin pausas.
La Abogacía del Estado ya ha remitido al Tribunal Supremo (TS) su informe sobre los indultos solicitados para los condenados por el 'procés' en el que no se pronuncia ni a favor ni en contra de la concesión de los mismos. No hay que olvidar que la decisión compete únicamente al Gobierno. Por tanto será Sánchez quien decida su concesión.
Pero la Abogacía del estado allana el camino al poder ejecutivo dejando claro que el "perjuicio económico" provocado con el referéndum independentista del 1-O ya está reparado. Un dato importante para vestir de justicia la decisión que tomará Sánchez. La condena por malversación ha sido resuelta.
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En el informe de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, se puede leer: "dada la personalidad jurídica única de la Administración General del Estado (...), no corresponde a la Subsecretaría de Hacienda ni a esta Abogacía del Estado, en su representación, en cuanto órganos de la propia Administración General del Estado, manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma de la concesión de la gracia, pudiendo entenderse en el caso de hacerlo que con ello se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que solo al Gobierno compete", ha esgrimido.
4.146.274,97 euros
Así, el informe se limita a analizar "exclusivamente" lo relativo al delito de malversación de caudales públicos. Y los Servicios Jurídicos del Estado consideran que el daño económico ya ha sido resarcido de acuerdo con el informe emitido por el Tribunal de Cuentas que acredita que los 4,1 millones de euros fijados como liquidación provisional en el juicio contable por los gastos y pagos del 1-O ya han quedado garantizados.
Y prosigue el informe: "Habiéndose determinado provisionalmente el alcance y sus presuntos responsables, y encontrándose garantizada esa cantidad a día de hoy, tal y como establecen la providencia de 24 de febrero de 2020 del Tribunal de Cuentas y el informe de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de 25 de marzo de 2021, ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública". Un punto importante para justificar la medida de gracia que prepara Sánchez.
Los gastos derivados del referéndum ilegal alcanzaron los 4.146.274,97 euros: 3.903.294,86 euros por el principal y 242.980,11 euros por los intereses estimados desde que ocurrieron los hechos hasta esa liquidación provisional. Y los 4.146.274,97 euros fueron afianzados en febrero de 2020.
La Abogacía del Estado se ha centrado en la parte económica, finalmente resuelta, dejando de lado la condena por sedición. También se sabe que la Fiscalía se opone a la concesión del indulto por razones de justicia, equidad o utilidad pública, aunque también es conocido que la Fiscalía depende del Gobierno.
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, anunció el 23 de septiembre que los indultos comenzarían a tramitarse la semana siguiente, y el 30 de diciembre informó que el proceso terminaría en el primer semestre de 2021.