El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un órdago a Pablo Casado, líder del Partido Popular, con la propuesta de reforma de la Constitución que ha anunciado este lunes. Durante un acto con motivo de los 100 días al frente del Gobierno, celebrado en la Casa de América de Madrid, Sánchez ha asegurado que propondrá eliminar los aforamientos, una medida que entrará en vigor en apenas un par de meses si las Cortes la aprueban.
“El reto es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política”, ha sido el mensaje que ha trasladado el Presidente, cuya propuesta implica que los diputados o ministros tengan que enfrentarse a los tribunales ordinarios si incumplen la ley de algún modo, salvo en los casos en que tal incumplimiento se produzca en el ejercicio de su cargo. Es decir, si un político conduce bajo los efectos del alcohol o tiene un problema como el del máster de Pablo Casado no tendrían ‘protección’ alguna por su cargo y serían juzgados como cualquier otra persona.
Pablo Casado, entre la espada y la pared
Actualmente, el Tribunal Supremo estudia la posibilidad de iniciar un proceso contra Pablo Casado por su condición de aforado como presidente del PP. Tras hallar la jueza del ‘caso máster’ “indicios de delito”, la propuesta de Sánchez supone un problema para el líder de la formación popular, que podría ser imputado. La cuestión es que para que la propuesta salga adelante es necesario el apoyo del Partido Popular, ya que se requiere el sí de 3 de cada 5 miembros del Congreso.
Esto podría darse en la Cámara si el resto de los partidos sin excepción están de acuerdo. No obstante, el Senado sería otro obstáculo para poder llevar la propuesta a buen término. Y es que ahí el PP cuenta con la mayoría absoluta. La cuestión ahora es: ¿qué hará el Partido Popular? ¿’Sacrificará’ a su líder en pro de la transparencia o no? Se trata de una jugada muy astuta de un Sánchez que ha sido acusado, en cualquier caso, de desviar la atención por las acusaciones de plagio de su tesis.
Ciudadanos lleva tiempo insistiendo en este asunto
Ciudadanos ha solicitado en varias ocasiones y desde hace tiempo la supresión íntegra de este privilegio, del que actualmente se aprovechan en nuestro país alrededor de 250.000 personas (entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Familia Real, miembros de instituciones estatales, Ministerios, Congreso y Senado). El PSOE ya se había mostrado predispuesto en este sentido y Sánchez se ha encargado de confirmar que la propuesta pronto estará en marcha.
Ahora solo queda esperar para saber qué decidirá el Congreso a este respecto. En cualquier caso, el PP se verá obligado a mostrar sus cartas. Probablemente, eso es lo que desea Pedro Sánchez, aun sabiendo de que es muy complicado que la propuesta salga adelante.