Una de las principales premisas del independentismo catalán es la defensa del uso del catalán en detrimento del castellano, instando a los ciudadanos a utilizar la lengua autonómica, y 'abandonando' la lengua del 'Estado opresor'.
Una premisa que han extendido a los colegios catalanes, donde no sólo buscan fortalecer el uso del catalán tanto en las aulas como en el recreo o el comedor, sino que también realizan proyectos 'persecutorios' contra aquellos profesores que den sus clases en castellano.
Obsesión independentista que se ha visto reflejada en proyectos educativos en diversos colegios catalanes, que han sido anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debido a que, en ellos, el castellano no alcanzaba ni un mínimo del 25% de las horas lectivas. En concreto, han sido seis los centros educativos que han visto anulados sus proyectos pro-catalanistas, aunque, tal y como advierte José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, a El Español, "habrá más".
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Sentencias que han sido recurridas por la Generalitat, tanto ante el TSJC como ante el Tribunal Supremo, criticándose desde el Govern que la legitimidad de los padres de escoger el proyecto lingüístico de sus hijos no sólo afecta a éstos, sino al centro por completo.
"Esta pretensión excede del reconocimiento de una situación jurídica individualizada de los hijos del recurrente, al tener efectos generales para todos los alumnos del centro" aseguran desde el Govern, que niegan así el derecho de los padres a decidir sobre el proyecto educativo de los centros escolares, al considerarlo un elemento colectivo.
Los padres, sin derecho a opinar sobre la educación de sus hijos
"No entran en el fondo [...] no se atreven a negar que el castellano también debe ser lengua vehicular, sino que niegan a los padres el derecho a poder impugnar. No pueden elegir el modelo educativo ni defender sus derechos [...] atacan la legitimidad de los padres" lamenta Domingo, que confia en que el Tribunal Supremo apoye las denuncias de los familiares contra la Generalitat.
Una posición del Govern, representado por el conseller Cambray, que desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) tachan de "postureo": "las sentencias se cumplen, los proyectos se anulan y ellos recurren. Ni los dirctores se van a enfrentar a multas y a las advertencias del Tribunal, ni el conseller va a perder su puesto de trabajo".
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Aún así, el Govern mantiene que cumple con la "conjunción lingüística", es decir, que los alumnos adquieren el suficiente conocimiento de ambas lenguas al final de la educación Primaria, por lo que la insistencia en fijar al castellano en las escuelas "no está justificada".
"La pretensión del recurrente (las asociaciones y padres a favor del castellano) de fijar el uso del castellano como lengua vehicular en una proporción equivalente o paritaria con la lengua catalana no está justificada, ni se ampara en ninguna norma legal o reglamentaria, no ha estado nunca reconocida por ninguna resolución judicial, ni tampoco resulta justificada atendiendo a la realidad social en la que se aprecia un retroceso del conocimiento y del uso de la lengua catalana" han defendido desde la Generalitat, obedeciendo así a sus propias premisas independentistas.