“Que se atenga a las gravísimas consecuencias criminales”, advierte la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al Gobierno en el caso de que decida exhumar al antiguo jefe de Estado del Valle de los Caídos “sin que previamente el Supremo se haya pronunciado sobre su procedencia, incluida la tutela cautelar”.
La Fundación presidida por el general Juan Chicharro ha expresado en un comunicado sus temores de que haya un equipo en la funeraria que administra el tanatorio de San Lorenzo de El Escorial “listo para proceder a la exhumación en menos de cuatro horas conforme a planes desarrollados por Patrimonio Nacional en una operación relámpago de entrada y salida de la Basílica”.
Al mismo tiempo, desde la Fundación confían en que “nadie del Gobierno o de Patrimonio Nacional ni ningún directivo, empleado o trabajador contratado directa o indirectamente por ninguna funeraria o empresa de albañilería vaya a incumplir y desobedecer lo dicho por el Alto Tribunal”.
“No puede ejecutarse la exhumación sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrir"
La Fundación Franco recuerda que el acto judicial estipula que “no puede ejecutarse la exhumación sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrir y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar”.
Consideran que ejecutar la exhumación sin que hayan podido recurrir implicaría “mostrar una voluntad rebelde de gravísimas repercusiones criminales”. ("Cataluña, Cataluña, Cataluña, Cataluña...¿A que harta?")
Por su parte, la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) ha advertido a la funeraria Nuestra Señora de la Jarosa, que administra el tanatorio de San Lorenzo de El Escorial, que debe atenerse a lo dispuesto por el Supremo.
En caso de no ser así, la asociación “plantearía de modo inmediato todas las medidas legales que fueran necesarias, contra todas aquellas personas y/o entidades que pudieran incurrir en acciones contrarias a la ley, haciéndoles responsables en su caso”.
El pasado viernes, mediante un “acuerdo motivado”, el Gobierno socialista se auto concedió la potestad de decidir “unilateralmente”, en un plazo de 15 días, la nueva ubicación para reinhumar los restos del dictador.