Rocío Carrasco ha sido víctima de una gravísima intromisión en su derecho a la intimidad a raíz de la emisión en Telecinco de su serie documental, 'Contar la verdad para seguir viva'. Varios funcionarios públicos de la Comunidad Valenciana, según publica El Cierre Digital, accedieron de forma injustificada al perfil de la hija de la más grande en VioGén, el sistema de protección de víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior.
Por una cuestión de morbo o simple curiosidad, no del ejercicio de ninguna labor profesional, dichos funcionarios han incurrido en un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos, penado con entre uno y cuatro años de prisión, multas de 12 a 24 meses y la posible inhabilitación profesional, tal y como destaca el artículo 198 del Código Penal.
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VioGén es el Sistema de Seguimiento Integral aplicable a los casos de violencia de género, aplicable a nivel nacional, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Dicho sistema fue creado en 2007 y cuenta con los expedientes de todos los casos de violencia de género, con datos, resoluciones, tareas de seguimiento y protección, prevención y alarmas de incidencias, entre otras cosas.
Su objetivo es proteger a las víctimas de violencia de género y Rocío Carrasco cuenta con su propio perfil en dicho sistema, al que accedieron varios funcionarios públicos solo para cotillear, con la gravedad que eso conlleva.
Tras esta intromisión, la Secretaría de Estado de Seguridad bloqueó el acceso de los infractores al sistema y la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana ha abierto un expediente informativo para investigar lo sucedido, un expediente disciplinario en el ámbito profesional y además ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si pueden ser constitutivos de delito.
Rocío Carrasco, en boca de todos
Rocío Carrasco lleva semanas en boca de todos. Su serie documental ha sido un boom y ha removido muchas conciencias. Se desconoce por el momento qué motivación había para que dichos funcionarios accedieran a su VioGén y si utilizaron de alguna manera la información que obtuvieron, lo que agravaría aún más la situación.
En el perfil de cada víctima figuran una serie de datos privados a los que no debería tener acceso cualquiera. Con lo sucedido, no obstante, se ha puesto en entredicho la seguridad de este sistema, al que en teoría solo pueden acceder desde Servicios Sociales, desde los juzgados y desde la Policía. Además, las personas que lo hagan tienen que estar legítimamente autorizadas, o lo que es lo mismo, la obtención de datos debe atender a una necesidad, no a mero capricho.