Una cifra bastante escandalosa de dinero procedente de fondos públicos de la Consejería de Exteriores de la Generalitat de Cataluña fue abonada a todos los observadores del referéndum ilegal 1-O.
Según consta en el informe remitido por la Guardia Civil al titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, la Consejería dirigida por Raül Romeva filtró hasta 261.000 euros, el 85% del total de los gastos que se generaron para pagar a los observadores.
Esta es la conclusión a la que han llegado los investigadores del caso, después de haber solicitado a la interventora del caso que les remitiera todas las facturas correspondientes.
En dichos recibos, se pudieron detectar tres partidas destinadas a los observadores internacionales, cuyos datos no acaban de cuadrar.
Gastos exógenos al personal de la Generalitat
Según la explicación de la interventora, el significado de la codificación de la partida es que se refiere a un gasto para la organización de reuniones, conferencias y cursos, siempre que los destinatarios no pertenezcan al personal de la Generalitat.
La otra parte de la numeración de la partida hace referencia a los gastos que son de Relaciones Exteriores, que sirven para financiar actividades dirigidas a promocionar los intereses de Cataluña alrededor del mundo.
En la última documentación que aporta la interventora se encuentran las facturas de los gastos originados por los observadores y también los múltiples contratos que se firmaron.
Estos contratos estaban bajo el epígrafe de "contexto político de Cataluña" y 13 de ellos fueron dirigidos por Helena Catt con el Diplocat. En éstos se podían ver cantidades como los 24.500 euros que cobró uno de ellos, los 12.025 que recibieron otros o los 8.775 que recibió la propia Catt.