Los independentistas catalanes quieren aprovechar la sentencia del procés, muy próxima de hacerse pública, para que sus seguidores más extremistas tomen de nuevo las calles de Cataluña.
Así pues, todos los movimientos de Quim Torra están dirigidos a animar a estos radicales independentistas a "apretar en la calle".
Ahora, el gobierno de Quim Torra ha decidido fiscalizar el material antidisturbios de las unidades especializadas de los Mossos D'Esquadra, según ha podido confirmar OKDiario.
Con esta fiscalización, realizada a través de un sistema de precinto, la Generalitat podrá detectar rápidamente el uso de la munición por parte del Área de Brigada Móvil (BRIMO o antidisturbios) y pedir explicaciones posteriormente a los agentes que hayan utilizado la munición contra los protestantes.
Esto provoca que el Área de Brigada Móvil se encuentre en una encrucijada de lo más compleja: por un lado, el mandato de obligado cumplimiento de la Ley española; por otro, los movimientos pro-independentistas de Quim Torra y su gobierno, que dificultan enormemente su labor.
Sanciones contra la libertad de expresión
Si los agentes antidisturbios están preocupados por la situación en la que se encuentran, hablar de ello con los medios de comunicación les puede suponer un castigo mayor. (La medida que ha tomado Interior para evitar boicots a la Policía en Cataluña tras la sentencia del 1-O)
De ello se ha asegurado Quim Torra, consiguiendo así disminuir las declaraciones y filtraciones de los Mossos D'Esquadra que le puedan resultar desfavorables.
Es el caso de las declaraciones que hizo el líder de la plataforma 'Unión de Mossos por la Constitución', Ángel Gómez, en una entrevista en exclusiva con OKDiario. Estas declaraciones le han supuesto una sanción de 8 meses sin empleo y sueldo, y la apertura de un expediente disciplinario por parte de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos.