En Ciudadanos andan con la mosca detrás de la oreja por el despligue organizado por Pedro Sánchez y sus socios independentistas montando una mesa de negociación que cuesta un dinero y que alguien tendrá que pagar. Lo que es seguro es que los que participen en la misma costarán dinero y ninguno de ellos se hará cargo de la factura.
Ciudadanos está estudiando el tema para decidir si recurre o no a los tribunales para denunciar a la mesa de negociación sobre Cataluña que los gobiernos de Pedro Sánchez y de Quim Torra prevén constituir la próxima semana, ya que carece de un soporte legal, pues el foro institucional que está regulado es la comisión bilateral. (Lorena Roldán habla claro: "No es una mesa de diálogo, es una mesa de chantaje")
¿Vulnera la ley la mesa de negociación?
José María Espejo, el secretario general del partido naranja en el Congreso, ha señalado que el partido estudiará, "con las normas en la mano", si esa mesa de negociación "vulnera la ley".
Y considera que "políticamente es una aberración que un Gobierno de España se reúna en términos de igualdad con un gobierno autonómico sin ningún soporte legal y fuera de las instituciones que están en nuestra normativa para plantear un diálogo". (¡¡Qué peligro!! Pablo Iglesias se cuela en la Mesa de Negociación con Cataluña)
Arrodillados ante Torra
Espejo ha censurado a Sánchez por estar "arrodillado" y "haciendo reverencias" a una persona condenada por los tribunales como el "delincuente" Torra, y por estar sólo preocupado por los diputados independentistas que facilitaron su investidura, y no por el resto de españoles.
¿Quién paga la factura?
"Estamos vigilantes", ha dicho el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, uno de los responsables de la estrategia judicial del partido, dada su trayectoria anterior como abogado del Estado. (El separatismo más indeseable dinamita la reunión entre Sánchez y Torra: "El Gobierno negocia con una pistola sobre la mesa")
Uno de los puntos que quiere analizar Ciudadanos es el gasto puede generar para el erario público la puesta en marcha de un foro que, desde su punto de vista, carece de soporte legal. "Hay que ver cómo lo implementan, cómo va a ser, quién va a pagar los gastos", ha resumido Bal.