Quim Torra, además de ejercer como presidente de la Generalitat, aunque no lo parezca, también hace de tonto útil capaz de cumplir los deseos que manifiesta el fugado Puigdemont desde Waterloo y de colocar a los amiguetes desocupados en la Generalitat. Torra es un multifunción.
A los amigos hay que tratarles bien. Con un buen sueldo y un cargo de poca exigencia en la Generalitat. A eso se está dedicando Torra en los últimos tiempos mientras tiene la Sanidad, la Educación o las Inffraestructuras desatendidas. La Generalitat parece una agencia de colocación que puede presumir de cualquier cosa menos de transparente.
Joana Ortega, asesora transversal por 70.000 euros
Ahora acaba de colocar a Joana Ortega, que en su tiempo fue vicepresidenta de la Generalitat con Artur Mas. Ortega se ha convertido en "asesora transversal" de la Consejería de Empresa, un cargo por el que ya antes pasaron otras cuatro personas a las que había que compensar los servicios prestados con un cargo que no obliga a rendir cuentas a nadie, como anuncia Crónica Global.
Este sistema de pago por servicios prestados que con tanta pasión practica el Govern catalán es precisamente lo que desde el mismo partido que gobierna, antiguamente llamado Convergencia y Unión, se llamaba "ejercicio de cinismo" cuando quienes lo practicaban eran los otros. El tripartito, por ejemplo.
Y después de Joana Ortega ha entrado Ramir Lafuente, como “asesor en proyectos transversales, adscrito al gabinete de la consejera de Presidencia”. El nombre lo dice todo. ¿Alguien le va a exigir que rinda cuentas por su actividad al frente de los proyectos transversales del gabinete de la Presidencia? Algo muy bueno debió hacer el tal Lafuente por la causa en el pasado para que le den un premio tan gordo en el presente.
El gran chollo de la transversalidad
Lafuente cobrará 55.000 euros por “asesorar al / la consejero/a de la Presidencia sobre los proyectos transversales de los diferentes centros directivos en que participa el Departamento en su ámbito de competencias”, “prestar apoyo en relación con los contenidos de proyectos transversales que el Departamento de la Presidencia tramita a otras instancias”, “elaborar los informes estratégicos sobre los resultados de la aplicación de los proyectos transversales de su ámbito de competencias y hacer la evaluación” y “cualquier otra tarea que le sea encomendada relacionada con las anteriores”.
Es decir, Lafuente asume la inconcreta tarea de resoonsabilizarse de cuestiones transversales, algo que preocupa mucho, o eso deben pensar, a la ciudadanía catalana, y permite comer sin dar un palo al agua. Y es que la transversalidad se ha convertido en el gran chollo para pagar favores antiguos a los amigos. ¿Qué mejor que un cargo transversal para quien merece chupar del bote?
Joana Ortega se lleva más de 70.000 euros por “estructurar proyectos transversales” en el Departamento de Empresa. Ortega se ganó en vida política un retiro de este nivel. Un retiro transversal que le permita vivir con desahogo como premio a los servicios prestados en el pasado. En este nuevo puesto, Ortega cobrará la retribución correspondiente a la categoría de funcionario del grupo A y nivel 30.2 --unos 70.134,40 euros anuales-- y un complemento específico de 41.302,92 euros anuales.
Ortega, vicepresidenta del Govern liderado por Artur Mas, fue condenada a nueve meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y para el ejercicio de funciones de gobierno por impulsar la consulta del 9N, una pena que finaliza el 19 de octubre de 2019. ¿Qué menos que preocuparse por su bienestar?
¿Quién paga al mayordomo de Puigdemont?
Lafuente es como Carles Segura, a la que la siniestra portavoz Budó nombró "asesor en información y comunicación". Y es que en la Generalitat que se han montado Puigdemont desde Waterloo y Torra desde aquí, existen 300 altos cargos y personal eventual que viven del momio detrás de la mesa de un despacho que utilizan de vez en cuando para cubrir las apariencias.
Algunos de estos enchufados incluso superan los 100.000 euros anuales. Es el caso de Josep Lluís Alay, el brazo derecho de Puigdemont, que acompañaba al político fugado cuando fue detenido en Alemania y que percibe la nada despreciable cifra de 101.074 euros anuales a la salud de todos los catalanes, separatistas o no, por ocuparse de las cosas de Puigdemont.
Así estan las cosas. La ciudadanía debe pagar al personal de un fugado lunático sin más ocupación que intentar convencer al mundo de que Cataluña es una república. Parecerá un pirado, pero tonto no es. A su mayordomo que lo pague la ciudadanía. ¡Claro que sí!