¿Quién financia y apoya a los violentos CDR?

  • Cataluña
  • 20-12-2018 | 13:12
  • Escribe: Guillermo Vives

Ciudadanos reclama endurecer el control de las cuentas de la Generalitat para garantizar que "organizaciones secesionistas" no reciban dinero público.


Ciudadanos ha registrado este jueves una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a investigar las fuentes de financiación de los autodenominados Comités de Defensa de la República que actúan en Cataluña, así como a endurecer el control de las cuentas de la Generalitat para garantizar que "organizaciones secesionistas" no reciben dinero público.

"No con dinero de todos los españoles"

En la iniciativa, presentada por el portavoz adjunto en la Cámara Baja Toni Roldán y otros tres diputados de Cs para su debate en Comisión de Hacienda, se plantea que el Gobierno investigue "las fuentes de financiación de los CDR que acosan y extorsionan a los ciudadanos en Cataluña" y que tome medidas "para que esas acciones no se puedan ejercer con dinero de todos los españoles".

Además, la formación naranja pretende que el Congreso emplace al Ejecutivo de Pedro Sánchez a emplear "todos los mecanismos disponibles" en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para garantizar que "el dinero público en Cataluña se destine a mejorar la prestación de los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos" de esta comunidad.

Por último, la proposición no de ley reclama que el Gobierno publique por orden ministerial "un endurecimiento del control de las cuentas de la Generalitat" con el objetivo de que "no se repita que se financien actos y organizaciones secesionistas con dinero público".

Torra anima a los CDR a "apretar"

Ciudadanos ha señalado que el presidente de la Generalitat y expresidente de Òmnium Cultural, Quim Torra, "comparte hoja de ruta" con su predecesor en el cargo Carles Puigdemont y "mantiene como objetivo final la secesión, para lo cual anima a los denominados CDR a apretar", los cuales "están apretando a una democracia europea como la española hasta el inaceptable nivel de la extorsión".

El partido liderado por Albert Rivera relaciona esto con la decisión de 5.353 empresas de trasladar su sede social de Cataluña a otra comunidad autónoma desde la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, según el Colegio de Registradores.

Asimismo, ha indicado que los CDR apuestan por la acción directa, "nominalmente no violenta, pero que se ejerce frecuentemente traspasando la protesta y situándose en la ilegalidad y en el abuso de la fuerza".

Así usan la violencia los CDR

"Pretenden adueñarse del espacio público, decidiendo quién puede reunirse y quién no, agrediendo a las manifestaciones de Jusapol en Barcelona, han cortado calles, autopistas y vías del AVE a su antojo, han amenazado a los diputados autonómicos asediando el Parlament", ha enumerado Cs.

En su opinión, estos activistas independentistas representan "una amenaza intolerable a los derechos y libertades cívicas del resto de ciudadanos", y sus acciones "van acompañadas de un nivel de fanatismo y tensión que provoca que la Policía no intervenga para evitar males mayores".

En cuanto a la financiación de los CDR, Ciudadanos sostiene que es "poco clara". Ellos aseguran que se autofinancian, al contrario que la ANC y Òmnium Cultural, que han sido subvencionadas por la Generalitat.

"La maquinaria secesionista no ha sido desarticulada"

Por otro lado, la iniciativa de Cs se refiere a las cuentas públicas de Cataluña, destacando que, un tiempo después de que Rosa Vidal fuera nombrada interventora general de la Generalitat, el Ministerio de Hacienda dejó de recibir la información contable que se le estaba remitiendo desde esa comunidad.

Rosa Vidal, que fue nombrada en 2016 por el entonces vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, fue imputada por el juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum del 1-O por entender que ha tratado de impedir que se conozca el coste público de la consulta.

Quince días antes del referéndum, el Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por Cristóbal Montoro, aprobó una orden para intervenir las cuentas de Cataluña. Sin embargo, cuando Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno, anunció que no iba a haber un control previo de las cuentas de la Generalitat.

La formación naranja ha advertido de que "la maquinaria secesionista no se ha detenido ni ha sido desarticulada". Ante "viejas y nuevas amenazas", ha recomendado "aprender de las lecciones del pasado" y controlar que realmente "ni un solo euro contribuye a la discordia entre catalanes y a la ruptura de España".

"El Estado tiene mecanismos para garantizar que esto no ocurra. Especialmente porque Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más apoyo financiero ha recibido entre 2012 y 2018, más de 80.000 millones de euros, de forma que más del 80% de su deuda pública está en manos del Tesoro", ha apuntado.

El Congreso rechazó la propuesta de Ciudadanos

En este contexto, Cs ha recordado que la Ley Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las Administraciones territoriales pueden solicitar al Estado acceso a mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez a condición de cumplir con determinadas obligaciones de ajuste y de transparencia, y que un decreto ley de 2014 habilita la supervisión de las cuentas autonómicas para garantizar un mínimo nivel común en la prestación de los servicios públicos fundamentales.

En los últimos meses, el Pleno del Congreso ya ha rechazado tanto una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución, propuesta esta misma semana por Ciudadanos, como la adopción de medidas inmediatas para impedir el destino de fondos públicos a fines distintos del interés general, y en concreto el control reforzado de las cuentas y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que el PP llevó a votación el pasado junio.

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