El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha aceptado la denuncia interpuesta por los agresores a los oficiales de la Guardia Civil en Alsasua. Iñaki Abad ha sido quien ha confirmado la noticia, a su vez que anunciaba que seguirán luchando a pesar de que el tribunal se haya negado incluso a tramitar el recurso presentado por los abogados de quienes en 2016 pusieron en boca de todos a esta localidad de Navarra.
La denuncia tenia como objetivo seguir reduciendo las penas impuestas por la Audiencia Nacional a esos ocho jóvenes que agrediesen a los miembros del cuerpo de seguridad del estado. Algunas condenas se han quedado entre 1 año y 9 años y medio.
Amaia Izko, abogada de uno de los condenados se ha referido a la decisión del Tribunal de Estrasburgo: “Es una pena, teníamos la esperanza de que el Tribunal de Estrasburgo estudiaría esta causa. Es una pena que no sea así, pero esto no resta valor a la lectura y a la reflexión que ha realizado la sociedad sobre estas irregularidades y a las conclusiones a las que ha llegado”.
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“Frente al desamparo de todas las instituciones judiciales queda una sociedad que lo ha entendido perfectamente…Pese a perder en el TEDDH, seguiremos denunciándolo siempre. Fin de la historia”, comentaba igualmente Iñaki Abad sobre la decisión del Tribunal.
Las penas de unos criminales en semilibertad
Oihan Arnanz es quien de momento ostenta la condena más alta con una pena de 9 años y seis meses que ya en su momento alcanzó los 13 años. Le siguen Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, que en primera instancia fueron condenados a 12 años y se les rebajó la pena a 8 años y seis meses de cárcel.
Jon Ander Cob es el cuarto condenado de los criminales y debe cumplir con una pena de siete años y medio, mismo tiempo que Julen Goikoetxea. A quienes más se les redujo fueron Aratz Urizola e Iñaki Abad, de 9 a 4 años y dos meses de prisión. Todas estas fueron penas marcadas por la Audiencia Nacional.
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Los criminales se encuentran para sorpresa de todos en semilibertad. El Tribunal Supremo eliminó el agravante de discriminación y el de abuso de superioridad en el delito de abuso contra la autoridad. Eso sí, se mantuvieron las condenas por los delitos más graves, como el de atentado contra la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.