Tanto el prófugo Puigdemont, atrincherado en su mansión de Bélgica, como el inhabilitado Artur Mas, se han gastado más de 400 millones de euros en promocionar el proyecto ilegal de Cataluña fuera de las fronteras.
Desde 2011 este ha sido el coste de las famosas embajadas de la Generalitat, del consorcio Diplocat y del Departamento de Asuntos Exteriores, organismos destinados a conseguir, sin éxito, apoyos internacionales para la independencia de Cataluña. (Casado, en estado de shock por Junqueras: "¿Se imaginan a Tejero yendo a recoger el acta de diputado?").
El Tribunal de Cuentas al acecho
El organismo español pedirá a los altos cargos de la Generalitat que estén implicados, entre ellos los ex presidentes, que devuelvan el dinero malversado en un fin ilegal de su propio bolsillo.
El preso de Soto del Real, Raül Romeva, también está implicado al haber sido el máximo responsable del Departamento de Asuntos Exteriores. Más preocupante es que el 74% del dinero que gastó el Diplocat, unos 16 millones de euros, se destinó únicamente a la propaganda separatista.
Las embajadas han costado 27 millones de euros. ¿Y para qué han servido? Para alojar la cómica consulta del 9N de 2014 que en su día prohibió el Tribunal Constitucional. Las embajadas se transformaron en colegios electorales ilegales. (Iceta denuncia al separatismo: "Me dijeron que no me votarían porque no pienso como ellos").
Hasta al Papa querían meter en el fregado
Los secesionistas contrataron una empresa en 2015 para intentar que el Papa acudiera a Cataluña. Les costó 1,5 millones de euros para acabar, una vez más, sin éxito.