Casi 24 horas después de ser detenido a su llegada a Cerdeña, Carles Puigdemont salía en libertad, sin medidas cautelares, gracias a la decisión del tribunal italiano, que convocaba al ex president catalán para el próximo 4 de octubre, día en el que se decidirá si tramitar o no la orden europea de detención y entrega que pesa sobre él.
Una euroorden activada por el Tribunal Supremo español que está a la espera de que el Tribunal de la UE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial sobre el revés de Bélgica a la Justicia española, habiéndose negado la justicia belga a entregar a los independentistas fugados de Waterloo.
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De determinar la Justicia italiana que sí puede tramitar la orden de detención contra Carles Puigdemont, serán los mismos jueces los que deban decretar si los delitos de los que se acusa a Carles Puigdemont son suficientes para ser extraditado.
Una valoración que provocó que ni Bélgica ni Alemania tomaran la decisión de tramitar la orden europea, ya que sus códigos penales no contemplaban algunos de los términos recogidos en la orden del Tribunal Supremo; algo que, sin embargo, sí está contemplado en el Código Penal italiano, pudiendo ser la primera vez que Carles Puigdemont corra 'riesgo' auténtico de ser entregado a las autoridades españolas.
Más de 12 años de prisión, según Italia
La clave, por tanto, para la repatriación de Carles Puigdemont, es que los hechos por los que ha sido señalado el ex president también son considerados como un delito en Italia, que conllevarían más de tres años de cárcel, condena mínima para que se produzca la extradición.
Muchos son los artículos dentro del Código Penal italiano que podrían responder a las acusaciones contra Carles Puigdemont, estando contemplados varios delitos que amenacen "la unidad del Estado".
Entre ellos, el artículo 241, que castiga a "quien, con actos violentos e idóneos [...] menoscabe la independencia o la unidad del Estado"; un artículo incluido dentro del bloque de "atentados contra la integridad, la independencia y la unidad del Estado" que implicaría una condena mínima de 12 años.
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Del mismo modo, el artículo 283 impone más de cinco años de prisión para aquellos que "con actos violentos, ejecuten acciones directas e idóneas para cambiar la Constitución del Estado".
Delitos que, a su vez, verían "agravada" su condena en el caso de Carles Puigdemont, como president de la Generalitat en el momento en el que se le acusa de los hechos, el 1-O, debido a que el régimen judicial italiano contempla que la pena de cárcel sea superior si el delito "se comete con violación de los deberes inherentes al ejercicio de funciones públicas".