Puigdemont tiene la mosca detrás de la oreja: las dos razones por las que Italia todavía podría decidir su extradición

  • Cataluña
  • 07-10-2021 | 21:10
  • Escribe: Redacción

La Justicia italiana sí contempla los delitos de sedición y malversación por los que Puigdemont está señalado en España.




Carles Puigdemont se mostraba orgulloso y pletórico este pasado lunes cuando la Justicia italiana, desde el Tribunal de Apelación de Sassari, decidía suspender de forma temporal su extradición a España.

Una decisión de la Justicia italiana que se defendía asegurando que era una medida 'sine die' que se aplicará hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) decida sobre la inmunidad de Carles Puigdemont como eurodiputado, así como sobre la cuestión prejudicial expuesta por el juez Llarena, desde el Tribunal Supremo, sobre la expansión de la euroorden dictada contra el prófugo en el territorio europeo.



Decisión de Italia que los independentistas vendían a sus votantes como un nuevo 'varapalo' internacional contra la Justicia española y el Estado opresor, manteniendo su desafío a España a nivel nacional e internacional.

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Sin embargo, ni el ex president fugado ni sus abogados han querido hablar ante los medios de comunicación, ni en sus redes sociales, sobre la 'letra pequeña' que acompaña al juicio de Puigdemont en Italia, y que podría hacer que el fugado de Waterloo acabase, finalmente siendo extraditado a España.

Una 'letra pequeña' centrada en la opinión apuntada por la fiscal italiana en la resolución, que hace constar que a Puigdemont se le reclama en la Justicia española en virtud de los artículos 544, 545 y 252 del Código Penal, que describen los delitos de sedición y malversación; unas conductas que están también penadas, tal y como destaca la fiscal, en el Código Penal italiano, en sus artículos 241 y 314.



Podría ser extraditado por Italia

Así pues, el artículo 241, del bloque dedicado a "ataques a la integridad, independencia y unidad del Estado", contempla penas de al menos 12 años de prisión por "actos violentos" contra la unidad del Estado o su independencia. 

"La pena se agrava si la infracción se comete en violación de los deberes inherentes al ejercicio de las funciones públicas" establece el artículo del Código Penal italiano, siendo el caso concreto de Carles Puigdemont, que en el momento de los hechos que se le imputan era el president de la Generalitat de Cataluña.



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Del mismo modo, el artículo 314 castiga con una pena de entre 4 a 10 años de prisión a cualquier funcionario o responsable público que, por razón de su cargo, se apropie de bienes o dinero público, equivalente al delito de malversación en España.

Delitos que podrían alcanzar los más de veinte años de prisión y que, por tanto, exceden con mucho los tres años de prisión que exige una euroorden para hacerse efectiva, y que podrían llevar a la Justicia italiana, después de pronunciarse la Justicia europea, a extraditar a Carles Puigdemont, apoyando así la decisión y las continuas peticiones del Tribunal Supremo español en relación al fugado de Waterloo.

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