El invento del fugado Carles Puigdemont de crear un Consell de la República, un órgano paralelo al Govern de la Generalitat para velar por el correcto desarrollo del camino hacia la independencia de Cataluña desde el exterior, algo así como un gobierno en el exilio, amenaza ruina y está condenado al más calamitoso de los fracasos.
Hace apenas nueve meses que fue creado y anunciado con grandes alardes y ambiciones. Pero la gestación ha salido mal y el embarazo tiene ya visos de aborto. Otro chiringuito de la Generalitat que ha generado costes de personal y económicos condenado al fracaso. Y, por supuesto, ni rastro de la anunciada constitución catalana
Objetivo, un millón de afiliados
Ante la imposibilidad de regenerarse con dinero público, Puigdemont tuvo la brillante idea de pedir a los catalanes afines a su causa un donativo de 10 euros. Un millón por diez euros, negocio redondo. Salían los números. Pero tras la euforia inicial, el tema está parado, la sociedad catalana se ha cansado de mentiras, de proyectos irrealizables y de políticos que pretenden influir desde la cárcel o desde el extranjero sin ninguna fuerza, tal y como ha quedado demostrado en el vano intento de Puigdemont de asalto a la Eurocámara. El problema no es sólo España. Europa no les quiere.
Con sede en Waterloo, lo que no deja de ser una alarmante contradicción, el Consell de la República está ahora en el punto de mira del Parlament. Los partidos constitucionalistas quieren saber la verdad sobre este chiringuiuto que no destaca precisamente por su transparencia.
Por eso la diputada del PSC Alicia Romero se ha propuesto llegar al fondo de la cuestión y conocer la verdad sobre este chanchullo surgido de la maquiavélica cabeza de Puigdemont: “Queremos saber cómo se financia ese Consejo para la República, si ya está operativo y si pretende usurpar las funciones de instituciones reconocidas estatutariamente”, ha dicho.
Sólo 68.000 incautos
Tenían que ser un millón los afiliados que iban a dar vida al engendro. Pero apenas son 68.154 los que se han apuntado al invento que sintoniza con las leyes europeas y prescinde de las españolas, que no les son favorables.
El PSC buscó hace un año la manera de neutralizar este organismo vaciándole de contenido basándose en el repeto a las instituciones catalanas de autogobierno y rechazando estructuras paralelas que no hacen optra cosa que menoscabar las soberanía del Parlament y Govern catalán sometidos a intereses ocultos que se mueven desde fuera. Pero la unión de los partidos independentistas tumbó su deseo de buscar transparencia en un tema que presenta pocas luces y muchas sombras.