Más de dos millones de euros. Esa era la cantidad que, la semana pasada, el Tribunal de Cuentas establecía como condena a Carles Puigdemont por la malversación de dinero público durante el proceso independentista de 2017, considerando al ex president uno de los máximos responsables del movimiento, al igual que Oriol Junqueras.
Una decisión contra la que se ha manifestado la defensa del fugado de Waterloo, que ha presentado un recurso contra la fianza reclamada por el Tribunal de Cuentas como responsabilidad contable ante el presunto uso irregular de fondos públicos para las 'embajadas catalanas' y el Diplocat.
Tal y como ha podido saber Europa Press, en un escrito de once folios, la defensa de Puigdemont ha solicitado que se anule la caución requerida, al considerar que la inmunidad "reconocida como europarlamentario" de Puigdemont "alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas".
O la anulación... o un aplazamiento de pago
Consciente de que este recurso podría ser desestimado, la defensa del ex president ha reclamado que, de no ser aceptadas sus pretensiones, se amplíe el tiempo otorgado para el plazo de la fianza, así como que el Tribunal de Cuentas "aclare cómo se llega a dicha cantidad".
"Es del todo irrazonable requerir el pago de 2.085.0507,80 euros a una persona en tan exiguo plazo" han criticado desde la defensa del ex president, que busca en la actual dirección de la Generalitat el apoyo económico necesario para hacer frente a esta cantidad.
Así mismo, la defensa de Puigdemont ha querido cargar contra la 'criminalización' de las embajadas catalanas, y de las acciones en el exterior que fueron aprobadas durante el mandato de Puigdemont.
Según la defensa, la fianza reclamada "refleja una criminalización de cuantas actividades se han llevado a cabo por los distintos gobiernos de la Generalitat, asumiendo un objetivo independentista en todas ellas".