Carles Puigdemont parece decidido a conseguir a través de la Justicia todo aquello que se le ha 'resistido' en el campo de la política. Así pues, desde su fuga a Waterloo, el ex president de la Generalitat se mantiene ocupado en los tribunales, principalmente europeos, en los que insiste en su inocencia, en la violación de Derechos Humanos por parte del Estado español, etc.
También los tribunales españoles han tenido que soportar en los últimos tiempos los intentos de Puigdemont, siendo el Tribunal Constitucional (TC) la última victima del independentista.
Así pues, Puigdemont, a través de su abogado, Gonzalo Boye, exigía hace unos días que los magistrados Concepción Espejel y Enrique Arnaldo fueran apartados de los recursos del procés independentista, señalando que la cercanía ideológica de ambos jueces del TC al Partido Popular podría afectar a la 'imparcialidad' del tribunal a la hora de estudiar el caso presentado por los secesionistas, con Puigdemont y Junqueras a la cabeza.
Unas pretensiones han sido rechazadas de pleno por el Tribunal Constitucional, y que han llevado al ex president independentista a trasladar a la Justicia europea esta cuestión,en un nuevo intento de Puigdemont de 'internacionalizar' el conflicto catalán con la Justicia española.
El TC se mantiene firme y defiende a sus magistrados
Así pues, el fugado de Waterloo cargará contra la negativa del TC en Europa, asegurando ante el Tribunal General de la Unión Europea y ante el Tribunal de Justicia de la UE que la presencia de estos dos magistrados vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.
Una queja, propia del victimismo independentista, que ya ha sido respondida desde el Constitucional, que ha desmentido que la afinidad política de estos jueces, al igual que la de sus compaeros, sea "un factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos".
Así pues, desde el tribunal se ha subrayado que los magistrados que lo integran "actúan sometidos a estrictos parámetros jurídicos, y con el solo medio de la argumentación política para resolver las controversias que llegan a su conocimiento", desmintiendo por completo intermediación política en el poder judicial ostentado por el TC.
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Del mismo modo, desde el tribunal se ha defendido que el TC se nutre de la "pluralidad de perspectivas" ideológicas de sus integrantes, sin que esto suponga un impedimento para la neutralidad jurídica de los magistrados.
"Va en la propia naturaleza de las cosas que un magistrado del TC haya sido designado precisamente por sus ideas y opiniones, expresadas a través de los instrumentos habituales de difusión jurídica, que conforman su trayectora profesional" se ha defendido desde el Pleno.
Explicaciones ofrecidas desde el tribunal que no sólo desmienten las acusaciones de Puigdemont, sino que dejarán al fugado de Waterloo en evidencia si, finalmente, decide plantear esta cuestión ante Europa, demostrando una vez más que sus intereses particulares pesan más que cualquir procedimiento político o judicial al que deba someterse.