Los indultos planeados por el Gobierno de España hacia los líderes del procés independentista de Cataluña, y las palabras de la ministra Ione Belarra sobre la posibilidad de que Puigdemont regrese a España con el beneplácito del Ejecutivo nacional, han encendido todas las alarmas en Waterloo.
Y es que, tres años y medio después de su fuga a Bruselas, el ex president de la Generalitat podría estar ya planeando su regreso a Cataluña, a pesar de la negativa del Tribunal Constitucional, hace dos meses, a dejar en suspenso la orden nacional de detención que pesa sobre el independentista, ahora procesado por sedición y malversación.
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Por un lado, los indultos ofrecidos por el equipo de Sánchez podrían implicar también al eurodiputado, lo que haría que no pudiese ser finalmente condenado a prisión por su relación con el procés independentista. Por otro lado, la modificación del delito de sedición, podría hacer que, de ser juzgado, Puigdemont se enfrentase a la norma penal en vigor, mucho más favorable, que reduce notablemente la condena inicial de 15 años de prisión.
Una reducción de condena que podría interesar al ex president de JxCat, que podría estar planteándose un regreso voluntario en un plazo de menos de dos años, tal y como han podido saber fuentes del diario La Razón.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría tumbar la sentencia
Sin embargo, Carles Puigdemont no ha limitado sus esperanzas de regresar a España en las acciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que también ha mantenido su pulso contra la Justicia española desde su refugio de Waterloo.
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Así pues, el independentista confia en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decida tumbar la sentencia del Tribunal Supremo, como consecuencia de los indultos ofrecidos y otorgados por Pedro Sánchez, que podrían ser entendidos en Europa como una confirmación de que las condenas a los lideres del procés son una cuestión 'política' y no judicial.
Esperanza que mantiene el independentista después de que la Justicia belga se haya negado a poner a disposición de las autoridades españolas al ex conseller Lluís Puig, decisión que ya ha sido reclamada por el juez Llarena ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.