La sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del Procés está al caer, y con ella también está más próximo el momento en el que España reactiviará la euroorden para repatriar a Carles Puigdemont y el resto de fugados golpistas. Si la sentencia del Supremo es condenatoria, Puigdemont saldrá salpicado y no habrá criterio jurídico en Europa que pueda mantener al prófugo catalán al margen de la ley. Puigdemont sabe que sus vacaciones tocan a su fin y que su futuro inmediato está entre rejas.
La revisión de la activación de las órdenes europeas
La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha recordado que la sentencia del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo permitirá revisar la activación de las órdenes europeas de detención contra el expresidenta catalán Carles Puigdemont y otros huidos.
En declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE, la fiscal general del Estado ha explicado que una vez conocida la sentencia del procés, que al alto tribunal le gustaría poder notificar antes del próximo 16 de octubre, es posible una nueva valoración de la necesidad de adoptar medidas cautelares.
"En un proceso penal las medidas cautelares es algo vivo y que continuamente son objeto de replanteamiento y en este procedimiento no va a ser distinto. Efectivamente la sentencia sí puede determinar ese replanteamiento de la cuestión de lanzamiento de las órdenes europeas de detención", ha concretado.
El traslado de los presos a Cataluña no convence
Segarra también se ha referido a la posibilidad de que los condenados en la causa contra el independentismo catalán cumplan sus penas fuera de las cárceles catalanas para recalcar que la Fiscalía velará por el cumplimiento de la ley y ha lamentado que se pueda haber interpretado así.
En su Memoria Anual 2018, la Fiscalía General del Estado cuestiona que el sistema penitenciario catalán vaya a mantener la "tranquilidad e imparcialidad" necesarias a la hora de evaluar a los políticos juzgados por el proceso independentista de Cataluña en el caso de que finalmente sean condenados y cumplan allí sus penas.
"Las autoridades de la Generalitat de Cataluña, incluido el actual Director General de Instituciones Penitenciarias, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los procesados por delitos muy graves que tuvieron lugar durante el denominado procés, a los que consideran presos políticos", reza el informe.
Sobre este punto, Segarra ha recordado que todas las Fiscalías cuentan con un servicio de vigilancia penitenciaria que vigila sobre derechos y libertades de los internos y el cumplimiento adecuado de la ley penitenciaria y ha explicado que en casos recientes "se ha recurrido concesiones de tercer grado porque no estábamos conforme con absoluta normaldiad".
"Eso en ningún caso determina que preconicemos desde Fiscalía General que las personas que eventualmente sean condenadas en este procedimiento judicial no deban cumplir en Cataluña, en absoluto. Esta la fiscalía para velar por el cumplimiento de la ley", ha defendido.