El expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido en Bélgica en el año 2017 y sobre quien pesaba una orden internacional de captura dictada por el Tribunal Supremo, era detenido en Cerdeña (Italia) en septiembre de 2021. Su entorno detallaba entonces que el expresidente y eurodiputado había sido abordado desde su llegada a la isla por policias italianos.La Secretaría de Estado de Comunicación emitía, al día siguiente, un comunicado señalando que el Gobierno había procedido a la detención de Puigdemont siguiendo un procedimiento judicial en curso que se aplica a cualquier ciudadano de la Unión Europea "que deba responder de sus actos ante los tribunales".
Menos de 24 horas después, Carles Puigdemont, salía de la prisión de máxima seguridad Giovanni Bachidu, destapando el galimatías jurídico que se cierne sobre su caso. La inmunidad de Puigdemont como eurodiputado le había liberado de permanecer en prisión.
El Tribunal General de la UE (TGUE) se la había retirado en julio de este mismo año, pero porque consideraba que la orden europea de detención (OED) que pesaba sobre él no se podía ejecutar, tal como se lo había trasladado España a través de la Abogacía del Estado, y por lo tanto no había riesgo de arresto. El Tribunal Supremo, por el contraría, siempre ha considerado que la OED continúa vigente y solo el juez instructor del procés podía desactivarla.
¿Dónde estaban las autoridades españolas durante la detención y puesta en libertad de Puigdemont? ¿Participaron del proceso? Esta es la cuestión que el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu formulaba al Parlamento para concoer el protocolo que se aplicó ese día. La pregunta del diputado abertzale se dividia en varios puntos por aclarar. El primero, formulado el pasado 6 de octubre, pretendía pedir explicaciones en base a 11 preguntas para conocer cuál fue el Estado que activó la alarma y si la policía española se había personado por vía marítima o aérea en Cerdeña. Unas cuestiones que Marlaska no ha querido responder de forma contundente y clara.
Respuesta del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a la consulta realizada por Jon García Iñarritu García sobre la presencia de policía española en la detención de Puigdemont
En la respuesta, el Ministro del Interior informa que "las oficinas SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry), creadas en todos los Estados firmantes del Acuerdo de Schengen, constituyen un mecanismo operativo de apoyo al Sistema de Información Schengen (SIS) y su misión es servir de punto de contacto nacional para el intercambio de información y para la adopción de medidas, pudiendo ser consultadas por cualquier país”. Una respuesta de protocolo para evadir contestar a la pregunta del diputado, sobre la presencia de la policía española en Cerdeña.
Marlaska asegura que “la oficina SIRENE en España siguió el protocolo establecido y, una vez recibida la comunicación de las autoridades italianas, transmitió la comunicación a la autoridad judicial competente de la emisión de la Orden Europea de Detención para Extradición”. Pero hay un detalle importante a resaltar en la respuesta oficial “las resoluciones judiciales que son recibidas por parte de la oficina SIRENE son introducidas en la base de datos, no constando ninguna comunicación de resolución del TGUE (Tribunal General de la Unión Europea)”. Un detalle, que aun pareciendo minúsculo, podría justificar porque el expresidente Puigdemont estuvo menos de 24 horas bajo arresto.
Las cuestiones planteadas por EH Bildu dejan al descubierto la preocupación que tienen por la situación de sus aliados independentistas. Las alianzas entre Gobierno y nacionalistas podrían pasar factura si los intereses de los abertzales pasan por dar apoyo a los incesantes fracasos de los independentistas catalanes con Puigdemont evadiendo su responsabilidad política y constitucional.