Carles Puigdemont, a pesar de haber salido en libertad tras su detención en Cerdeña, es consciente de que su futuro a corto plazo pasará por sentarse en el banquillo de los acusados de la Justicia española; una afirmación que parece tener asumida, más aún después de la nueva negativa de la Justicia europea de concederle nuevamente la inmunidad europarlamentaria.
Algo que ha hecho que el fugado de Waterloo vuelva a mirar, como última esperanza, a la Justicia española, pidiendo ahora al Tribunal Constitucional (TC) que estudie las órdenes de detención que pesan contra él y sus aliados, los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, solicitando que, del mismo modo, eleve la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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En el escrito, de 47 páginas, los fugados catalanes han pedido que se estime el recurso "a los concretos efectos de declarar vulnerados por el Tribunal Constitucional los derechos de los recurrientes a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías", acusando así nuevamente a la Justicia española de no someter a los independentistas a un proceso judicial justo, a pesar de los delitos cometidos, instando a que la consulta sea remitida "al Tribunal de Justicia de la UE".
En defensa del Tribunal Supremo
"Es evidente que la pretensión del Tribunal Constitucional de proteger a las partes demandadas en la presente demanda de amparo siembra más dudas si cabe sobre su imparcialidad para conocer sobre el mismo".
Así, Puigdemont y los suyos sostienen que el TC está 'protegiendo' al Tribunal Supremo en cuanto a las órdenes de detención europeas firmadas por el juez Llarena, acusando al órgano judicial de llevar a cabo un ejercicio de "oscurantismo" que "nada tienen que ver con lo jurídico, sino con lo politico".
"Y es en este punto en el que el Tribunal Constitucional se adentra en una peligrosa senda" sostienen en el escrito los independentistas fugados "no sólo de la arbitrariedad más absoluta [...] sino la de la abierta rebeldía frente al Derecho de la Unión Europea y el desconocimiento de la jurisdicción del TJUE".
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Una rebeldía que, tal y como aseguran desde la defensa de los independentistas, no sólo afecta a la Justicia española y a la condición judicial con la que viven los cuatro independentistas, sino que también afecta a la relación de España con los demás países europeos, a los que España estaría poniendo en una "comprometida situación" dado que "se sitúa extramuros del ordenamiento jurídico de la UE".
Palabras con las que, nuevamente, y siendo consciente de la relevancia de la Justicia europea dentro de su caso, Puigdemont y los suyos intentan chantajear al Tribunal Constitucional para que se posicione en contra del Tribunal Supremo, y apoye la inverosímil versión judicial de los independentistas, en la que España, no sólo es opresora, sino también antidemocrática.