La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para determinar si el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, ha cometido un delito en la adjudicación de las licencias de 'motosharing'.
Las investigaciones han comenzado tras la denuncia de una de las empresas que se presentó al concurso. Dicha compañía ha señalado a los responsables de Movilidad del Ayuntamiento por presunta prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias, según El Mundo.
Ahora, la Fiscalía, tras la correspondiente investigación de los hechos, determinará si existe algún delito en la adjudicación de licencias de este servicio de motos eléctricas compartidas.
La agencia de noticias Europa Press ha contactado con fuentes municipales que han asegurado que el proceso de adjudicación de estas licencias de 'motosharing' está dentro de la legalidad.
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"El proceso de adjudicación de licencias de 'motosharing' se ha llevado a cabo conforme con la reglamentación aprobada y publicada en su momento", han explicado las citadas fuentes.
Asimismo, han señalado que por ahora no han recibido ninguna comunicación de la Fiscalía sobre este asunto. A raíz de esto, han añadido que en "el supuesto de que se reciba, se pondrá a disposición de los requerimientos que se hagan".
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7.000 licencias de 'motosharing' en Barcelona
En la actualidad, hay unas 7.000 licencias de motos eléctricas compartidas en Barcelona. El gobierno autonómico, liderado por Ada Colau, pretende ampliarlas hasta las 10.000 en los próximos meses.
Cada una de las empresas concesionarias tendrá el mismo número de licencias de 'motosharing'. Según lo establecido, estas compañías no podrán superar, en ningún caso, las 633 licencias.