Nada es gratuito en las acciones y reacciones del gobierno de Pedro Sánchez. La reforma-exprés del delito de sedición estará lista antes de las elecciones autonómicas de Cataluña (previstas para febrero de 2021), lo que quiere decir que los presos golpistas estarán sueltos para esas fechas.
Además, la agilidad con la que se tramite la reforma del delito de sedición permitirá también pagar a las formaciones separatistas su apoyo pactado a los presupuestos generales del estado.
La solución, antes de las elecciones catalanas
La novedad está en que en el calendario de Sánchez, la resolución de este asunto cuenta con prioridad absoluta. Hay prisa por calmar al separatismo catalán llevando a la mesa de diálogo una medida que alivia las penas de los presos golpistas y que incluso les pondrá en la calle.
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Sánchez ha puesto a toda la maquinaria judicial a su servicio a trabajar para que antes de las elecciones catalanas y antes de la votación de los presupuestos generales del estado este asunto esté resuelto. Y con los presos sueltos y en la calle, todo será más fácil.
La pena máxima por sedición será de tres años
La reforma del Código Penal está a punton y pasa por limitar la pena máxima por el delito de sedición a tres años. Nada que ver con las penas impuestas a los presos separatistas, que oscilan entre 9 y 13 años de acuerdo con el Código Penal vigente.
Los presos en la calle antes de las elecciones beneficiarían en Cataluña las opciones del PSC de hacerse con el triunfo en las urnas frente a las fuerzas independentistas. La medida podría ser también asumida como propia por ERC, que habría conseguido un éxito notable exhibiendo músculo por su poder negociador.
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Y el gran perjudicado sería JxCat de Puigdemont, cuyo principal mandamiento, "España es un estado opresor", quedaría en evidencia. ¿Sería el final de JxCat como fuerza política ganadora?
Hasta Puigdemont se verá beneficiado
Una vez aprobada la reforma vía Congreso de los Diputados, beneficiándose de la mayoría parlamentaria alcanzada por el PSOE con sus alianzas, el mismo Tribunal Supremo que condenó a los presos tendría que adaptar las penas a la nueva ley y Junqueras y compañía saldrían de la cárcel sin necesidad de reclamar humillantes indultos para obtener la libertad.
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Las maniobras en la sombra de Pedro Sánchez beneficiaría también a Carles Puigdemont y al resto de políticos fugados, que a su vuelta a España, si se atreven, se verían expuestos a penas de un máximo de tres años.
Nada que ver con lo que les espera ahora si son juzgados de acuerdo al Código Penal vigente.