La Fiscalía del Tribunal Supremo presentará mañana ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, coincidiendo con el primer aniversario de su encarcelación, los escritos de acusación contra los golpistas que hace ahora un año intentaron la escisión de Cataluña de España saltándose la ley y la Constitución.
20 años para Junqueras por rebelión y malversación
Los procesados serán acusados por delitos de rebelión y malversación, por lo que la pena solicitada para Oriol Junqueras, como uno de los cabecillas principales de la revuelta, llegará a los 20 años de cárcel. Para los demás la petición de penas será más leve en función del grado de responsabilidad de cada uno de ellos en el proceso.
El borrador que manejan los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar lo ocurrido como rebelión, al entender que los hechos encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia que exige el tipo. Esta violencia la ve claramente la acusación pública tanto en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 como en los hechos del 1-O, señalan fuentes del Ministerio Público.
La aplicación de estas penas más altas obedece, siempre según el borrador de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes.
Estas penas iniciales, de entre 20 y 25 años de prisión, se baraja pedirlas tanto para Junqueras como para el resto del exGovern en prisión, según las mismas fuentes, esto es, para los exconsellers Joaquim Forn (principal responsable de los Mossos de'Esquadra) y el resto de los que se encuentran en prisión que son Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.
El reparto de las penas
En un segundo nivel de penas, se estudia pedir entre los 10 y 15 años (que podrían llegar a los 20 en función del grado de responsabilidad) para los procesados que no tienen malversación, que son la exvicepresidenta Carme Forcadell y los responsables de los movimientos civiles Jordi Sánchez (Assemblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural), mientras que el resto del ex Govern procesado y otros diputados que también lo fueron por Llarena podrían aparecer en el escrito con penas más bajas, de entre 5 y 10 años, o incluso quedar fuera de la petición fiscal según las mismas fuentes.
El juicio empezará a finales de noviembre
No obstante, la Fiscalía presentará previsiblemente a los magistrados que juzgarán este asunto una petición alternativa, por delitos de sedición y malversación, que en todo caso tienen como consecuencia una petición de pena muy similar al sumarse las de ambos delitos.
El escrito está listo para ser presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo mañana mismo, tras adquirir firmeza el auto de conclusión de sumario que hizo público en julio el juez Llarena.
A partir de este momento, además de la Fiscalía, tendrán turno de presentar sus conclusiones tanto la Abogacía del Estado como la acusación popular en representación de Vox. Le seguirá un turno para que las defensas presenten sus respectivos escritos de defensa y, finalmente, se señalará fecha para el juicio, que se prevé a finales de noviembre o principios de diciembre, para lo que se denomina cuestiones previas, y enero para los interrogatorios y el desarrollo de la vista en sí.
De qué se acusa a cada uno
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí y Josep Rull, serán acusados de rebelión y malversación.
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Marta Rovira, y Carme Forcadell serán procesados por rebelión. Merritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret están procesados por desobediencia y malversación.
Los miembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, y Anna Gabriel y Mireia Boya, por desobediencia.
El papel de VOX en la acusación
La Sala Segunda deberá resolver sobre la petición de los encausados para que VOX desaparezca de la acusación por atentar al principio de buena fe contemplado en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual “en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe”. Aunque las posibilidades de que prospere la petición son mínimas habida cuenta de que la intervención de los partidos políticos como acusación popular no exige imparcialidad. La Defensa se escuda en unas declaraciones de Santiago Abascal en el mitin de Vistalegre el pasado 8 de octubre.