La complicada situación de rebrote en la comarca del Segrià, en Lérida, ha llevado esta semana al Govern de Cataluña a decretar un confinamiento absoluto de la población de Lérida, Alcarràs, Soses, Ser`s, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig y Torres de Segre, así como las entidades descentralizadas de Sucs y Raimat.
Sin embargo, a última hora de este domingo, la jueza en funciones del nº1 de Lérida ha rechazado la decisión del Gobierno de Quim Torra. (¡Un loco anda suelto! Torra se pasa la justicia por el forro de sus caprichos)
"Según las cifras presentadas entendemos que la restricción domiciliaria que se presenta entre otras limitaciones, no es proporcional con los datos expuestos" ha indicado el auto de la jueza.
Así pues, especifica el escrito que la resolución propuesta por la Generalitat es desproporcionada con respecto a la situación del rebrote, afirmando que se trata de una "gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos" que no tiene fundamento suficiente para ser aplicada.
"Brotes controlados" de coronavirus
Según el escrito ofrecido por la jueza, el caso presentado por la Generalitat se centra en "la determinación de brotes controlados" recordando a la Administración que los dos brotes están localizados en empresas hortofrutícolas de municipios diferentes a los que se pretende confinar.
Para la jueza, la rápida extensión de contagios en la zona, no es representativa de "una muy grave y muy importante transmisión comunitaria del virus", afirmando que no se establecen datos que confirmen la posible "transmisión comunitaria". ("¿Pagáis 12 euros por sacaros el DNI y no queréis pagar 10 por implementar la república digital?")
"Unas medidas tan graves y de tantas consecuencias de todo tipo, pero especialmente sociales y económicas, como las que se pide ratificar es inaceptable" ha argumentado el escrito de la magistrada.
Así pues, la jueza en funciones no sólo no ratifica la decisión del Govern de Torra, sino que desoye las recomendaciones de la Fiscalía, que ya se opuso a la necesidad de esta ratificación, alegando que la decisión sobre el confinamiento "es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso".